La política exterior de Estados Unidos ha estado marcada, a lo largo del siglo XX y XXI, por una paradoja que resulta demasiado sistemática para ser accidental: cada vez que Washington decide intervenir militarmente en nombre de la libertad y la democracia, el subsuelo del país intervenido resulta estar generosamente dotado de hidrocarburos. Llamarlo coincidencia sería un ejercicio de ingenuidad política difícilmente sostenible.

El caso más paradigmático es Irak. En 2003, la administración Bush justificó la invasión con dos argumentos centrales: la existencia de armas de destrucción masiva y la necesidad de liberar al pueblo iraquí de la tiranía de Saddam Hussein. 

Las armas nunca aparecieron. La democracia que llegó fue caótica, sangrienta y frágil. Pero el petróleo estaba allí, intacto, esperando: Irak alberga las quintas reservas probadas de crudo más grandes del mundo. Semanas después de la invasión, el Ministerio del Petróleo fue el único edificio gubernamental protegido activamente por las tropas estadounidenses en Bagdad, mientras museos y hospitales ardían o eran saqueados. La prioridad operativa lo decía todo.

Libia en 2011 sigue el mismo patrón con una elegancia aún más descarnada. La intervención de la OTAN, liderada en buena parte por impulso estadounidense, se presentó bajo el paraguas humanitario de la doctrina de la Responsabilidad de Proteger.  La diferencia no era ideológica: Libia poseía las mayores reservas de petróleo de África. Una vez derrocado Gaddafi, el país colapsó en una guerra civil que persiste hasta hoy. La democracia prometida nunca llegó. El acceso al crudo libio, sin embargo, quedó garantizado para las........

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