La doctrina de la jurisdicción extraterritorial de Estados Unidos y su empleo de la fuerza militar para derrocar y procesar a líderes latinoamericanos se ubican entre las tensiones más significativas de la geopolítica en América. En situaciones destacadas como las de Manuel Antonio Noriega, Marcos Pérez Jiménez y Nicolás Maduro, el derecho internacional público ha enfrentado sistemáticamente las leyes nacionales y las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos. Los Tratados y Normativas Internacionales Transgredidos por EE. UU. Están representados por el arresto y juicio de estos mandatarios con sus características particulares por parte del gobierno de Washington que ha puesto en riesgo repetidamente los principios fundamentales del orden internacional actual.

Entre esos principios podemos nombrar el principio de Inviolabilidad Soberana e Intervención: esto está establecido en el Artículo 2, inciso 4 de la Carta de las Naciones Unidas y el Artículo 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA). El cual prohíbe el uso de la fuerza contra la independencia política o la integridad territorial de cualquier nación en el mundo.

El principio de Inmunidad Jurisdiccional y de todos los presidentes o primeros(as) ministros(as) de cualquier país del mundo. Este principio es, a su vez un concepto del derecho consuetudinario internacional que indica que un tribunal extranjero no podría juzgar a un mandatario en funciones. En el caso de Noriega y Maduro, Washington ignoró esto al desconocer unilateralmente su condición de gobernantes en ejercicio de sus funciones.

En cuanto a la violación Específicas de Pactos de Extradición, en el caso de Pérez Jiménez, se rompió el Tratado de Extradición de 1922. Durante las capturas de Noriega y Maduro, se pasaron por alto todos los procedimientos diplomáticos exigidos. Con relación a la enmienda Sexta sobre Conflictos Internos, en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York contra el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, las restricciones financieras impuestas por el Departamento del Tesoro dificultaron que los acusados pudieran contratar abogados de su preferencia, lo que requirió licencias especiales de la OFAC para no viciar los procesos de nulidad constitucional.

Análisis Comparativo de los Tres Casos

General Marcos........

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