Cómo el chavomadurismo sin Maduro aprendió a llamar “pragmatismo” a la rendición, y “salvar la República” a la entrega de los recursos del país a la administración Trump a cambio de su permanencia en el poder.

Este ensayo examina el concepto de “pragmatismo chavista” invocado por Francisco Ameliach para justificar las reformas impulsadas por Delcy Rodríguez tras la intervención estadounidense de enero de 2026. Frente a la narrativa de una resistencia táctica que sacrificaría lo accesorio para preservar lo esencial, lo que encontramos es algo bastante más inquietante: una capitulación cuyo desenlace parecía prefigurado de antemano. La invitación al “desarrollo compartido” con Washington apareció simultáneamente al grito de “secuestro”, sin transición ni explicación. A través de una cronología de concesiones (Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) violatoria de la Constitución, las licencias OFAC que confiscan la renta y anulan la jurisdicción soberana, la apertura minera bajo supervisión colonial, etc.) se revela una arquitectura de sometimiento que convierte a Venezuela en un protectorado de facto[1]. El ensayo refuta además tres argumentos centrales de Ameliach: la amenaza generalizada de exterminio físico, construida sobre una supuesta llamada telefónica no confirmada cuya magnitud tampoco puede acreditarse; el argumento nuclear, que en este conflicto específico no tuvo ningún sustento real; y la contradicción interna de su propia “estrategia de relevancia”, que las concesiones que él defiende hacen imposible. Lo paradójico es que quienes invocan el legado de Chávez para justificar la entrega repiten, punto por punto, la historia de Juan Vicente Gómez que él mismo denunciara. El ensayo concluye que nombrar esta entrega con precisión (esto no es pragmatismo, es rendición; esto no es salvar la República, es liquidarla en cuotas) constituye el primer acto de resistencia posible.

Introducción: Del secuestro a la tutela, o la confusión deliberada entre pragmatismo y oportunismo

En febrero de 2026, cuando aún se recogían los escombros dejados por el ataque militar norteamericano en Caracas y otras locaciones, Francisco Ameliach, veterano dirigente chavista que presidió la Asamblea Nacional entre 2003 y 2005, publicó un artículo que pretendía ser esclarecedor al menos para las bases del oficialismo: “Pragmatismo chavista bajo condiciones de asedio y guerra multifactorial”[2]. Allí distinguía entre un pragmatismo “absoluto o neoliberal”, motor de “despolitización”, y un pragmatismo “chavista”, táctica de resistencia para salvar “lo principal: la existencia de la República”. Citando a Chávez nos invitó: “No nos dejemos encajonar en dogmas. El dogmatismo es el peor enemigo de la creación revolucionaria”, Ameliach justificaba las reformas adelantadas por el gobierno de Delcy Rodríguez como cálculo de supervivencia bajo lo que denominó “asedio y guerra multifactorial”.

La metáfora que escogió días después en redes sociales[3] resultaba más reveladora de lo que pretendía: comparó la situación con un secuestro donde Rodríguez negociaba “inteligentemente” con los captores, potenciando la “relevancia estratégica” de Venezuela haciendo uso de sus reservas petroleras. Lo que Ameliach no explicitaba era el precio de ese rescate: la transformación de Venezuela en un protectorado petrolero económico de los EE.UU., la cesión de su patrimonio petrolero y minero y la restauración de una tutela imperial que el chavismo auténtico (el de Hugo Chávez) juró destruir. Pero hay algo más que Ameliach tampoco explicita, y que la metáfora misma deja al descubierto: un secuestrado que negocia con sus secuestradores no entrega la caja fuerte familiar, ni nombra al secuestrador administrador de sus cuentas. El secuestrado que hace eso ha dejado de ser víctima para convertirse en cómplice. O, peor aún, ha descubierto que el secuestro era, en el fondo, un guion ensayado para justificar ante los suyos la entrega que ya había decidido.

Esta tensión entre el discurso de resistencia y la realidad de la sumisión exige un examen riguroso que distinga, claramente y más allá de la retórica, lo que según el Prof. Javier Biardeau, constituye la diferencia entre pragmatismo y oportunismo[4]. El primero mantiene “coherencia con objetivos de fondo”; el segundo sacrifica principios por “ventajas personales, de grupo o de corto plazo, sin criterio ético ni visión de futuro”. El oportunismo se reconoce cuando se negocia “lo que antes llamaba principio”, cuando se justifican “giros bruscos sin explicación coherente”, cuando se pasa del “socialismo” al “capitalismo de libre mercado” o de la “lucha anti-imperialista” a “nuestro mejor socio” sin mediar argumento.

Aplicando este test a la actuación del gobierno de Rodríguez, el resultado es inequívoco. El 15 de octubre de 2025, la entonces vicepresidenta advertía: “Hay una poderosa unión popular, policial, militar para la defensa integral de la nación. ¿Quién puede con nosotros? Nadie”. El 4 de enero de 2026, apenas 24 horas después de la intervención que capturó a Maduro, firmaba ya como “presidenta encargada” -antes incluso de ser juramentada- un comunicado invitando a EE.UU. a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido”. Entre una frase y otra no mediaron 90 días, ni una explicación, ni un debate: mediaron las bombas que allanaron el camino a la sumisión. El giro no fue táctico sino existencial y nadie se molestó en fingir coherencia. La “lucha antiimperialista” de toda una vida se convirtió de la noche a la mañana en una extraña amistad con el imperio, cuyo líder es ahora el nuevo “socio y amigo”, y la soberanía energética que se había defendido durante décadas terminó cedida en fondos controlados por Washington. Difícilmente podría ajustarse mejor la descripción de Biardeau: se negociaba “lo que antes llamaba principio”, se justificaba el giro “sin explicación coherente”, y se pasaba de la “lucha antiimperialista” a “nuestro mejor socio” sin mediar argumento.

El pragmatismo genuino, en cualquiera de sus tradiciones, tiene una condición que lo distingue del oportunismo: la posibilidad de la retractación. El gobernante que experimenta con una política y comprueba que falla, puede corregir el rumbo. El gobernante que firma concesiones petroleras por décadas, en los que se ceden las regalías y los impuestos hasta niveles ridículos, que entrega la jurisdicción a tribunales extranjeros y canaliza la renta a fondos controlados por Washington no está “experimentando”: está hipotecando, no solo el presente sino incluso el futuro de generaciones enteras. No hay ensayo, no hay error posible, no hay corrección: hay un giro irreversible que ningún gobierno futuro podrá deshacer sin costos que ningún venezolano podrá pagar. Lo que resulta de todo ello tiene muy poco que ver con el pragmatismo: es, en el sentido más literal, la clausura de la política como posibilidad.

El propio Ameliach, sin advertirlo, describe con precisión lo que hoy practica. Quien dice “no soy ideológico, soy práctico” no ha escapado de la ideología: ha abrazado la más peligrosa de todas, la que presenta el orden existente, en este caso, el orden imperial, como si fuera una ley natural, inevitable e inapelable. El “pragmatismo chavista” de 2026 no imagina futuros distintos al que determina el tipo de relación que ha establecido con los EEUU: administrar un protectorado petrolero y minero, (por ahora sin siquiera una fachada democrática), único futuro que Washington ha autorizado. Convierte la política en lo que Chávez llamaba su peor pesadilla: el “mantenimiento del sistema imperialista”. Y lo hace usando el nombre de Chávez.

El Chávez que cita Ameliach, ese que en El Libro Azul[5]. rechazaba el “fin de las ideologías” y proponía un “modelo ideológico autóctono”, ciertamente practicaba una flexibilidad táctica pero anclada en principios. Priorizaba la unidad sin renunciar a la soberanía; negociaba sin entregar el patrimonio nacional. Como él mismo advertía en su Aló Presidente Teórico Nro. 3: “El otro extremo es el pragmatismo donde no hay teoría... Debe ser la combinación de ambas: teoría y praxis”[6]. Su anti-dogmatismo no era ausencia de convicciones sino rechazo vehemente a la rigidez estéril: “Unidad, unidad, unidad. Debemos ser capaces de trabajar con quienes no piensan exactamente igual que nosotros en aras de un objetivo superior”.

El “pragmatismo chavista” de 2026, en cambio, se parece sospechosamente a lo que el propio Ameliach critica como “absoluto”. Justifica giros de 180 grados (de condenar rabiosamente al imperialismo a mantener con él una “cooperación tremenda”) sin ofrecer una explicación coherente que los sustente. Convierte la política en administración del sistema que dice combatir, erosionando la mística que alguna vez movilizó a quienes creyeron en la soberanía como valor irrenunciable. Cuando Biardeau advierte que el oportunismo disfrazado “negocia lo que antes llamaba principio”, describe con exactitud el mecanismo retórico de Rodríguez: con cada reforma que propone, con cada agradecimiento que le hace a Trump, entrega recursos y elementos estratégicos y lo presenta como la salvación de la República, cuando en rigor la condena a una tutela permanente.

El propio Hugo Chávez, desde los albores de su gobierno, había alertado contra este peligro. En su discurso de juramentación para el segundo período constitucional, en agosto de 2000, lanzó una advertencia que mantiene hoy con profética actualidad:

“No hay revolución sin ideología revolucionaria. No olvidemos eso más nunca ¡Cuidado con el pragmatismo, del tareísmo de todos los días, de la agenda de todos los días, de los compromisos!... Tómense aunque sea un minuto de todos los días para recordar la ideología”[7].

El “tareísmo”, la obsesión por resolver la tarea inmediata sin preguntarse por el costo estratégico, es exactamente lo que denunciamos desde estas notas: cada concesión hecha desde enero de 2026, podrá resolver una presión o una demanda inmediata para la elite dirigente, pero construye un mecanismo de tutela y sometimiento permanente para el país en su conjunto.

La secuencia que sigue no es un simple relato cronológico, sino la evidencia de un patrón. Cada gesto de desafío inicial encontraba su contraparte de sumisión casi inmediata, revelando que el «pragmatismo» ha estado enmascarando la metamorfosis del régimen político tutelada desde Washington, cuyo guion probablemente estaba ya escrito.[8] [9].

La velocidad de la capitulación: una cronología de concesiones

Como sabemos, el 3 de enero de 2026, se produjo una intervención militar estadounidense sobre suelo venezolano, bautizada como “Operation Absolute Resolve” por Washington. Mediante esta operación, fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en su búnker de seguridad ubicado en el corazón de la principal instalación militar del país, Fuerte Tiuna, y de allí trasladado a Nueva York donde permanece encarcelado[10] mientras enfrenta cargos por narcoterrorismo. La entonces Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en su primer comunicado, emitido el 4 de enero, condenó la acción como “secuestro” y reafirmó que Maduro seguía siendo el “único presidente legítimo”, rechazando explícitamente las declaraciones de Trump sobre que EE.UU. “gobernaría” temporalmente Venezuela[11].

Esta postura inicial no surgía de la nada. Durante años, pero especialmente en los últimos meses de 2025, Maduro y los suyos, incluida Delcy Rodríguez, se habían mostrado desafiantes frente a las amenazas de Trump. Maduro repetía con frecuencia que Venezuela estaba preparada para una “resistencia unida, popular, prolongada” contra cualquier agresión externa, apelando al concepto de Guerra Popular Prolongada Revolucionaria como estrategia de defensa asimétrica que involucraría al pueblo armado contra un invasor superior. En octubre de 2025, por ejemplo, Maduro presumió públicamente de que el país contaba con “más de 5.000 misiles antiaéreos rusos Igla-S” desplegados en posiciones clave, advirtiendo que “cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S” y agregando un mensaje implícito de amenaza: “el que entendió, entendió”[12]. Diosdado Cabello, por su parte, amenazó con pasar de una “revolución pacífica a una revolución armada” y una “guerra de resistencia prolongada”, afirmando que “si se meten con Venezuela esa guerra no va a durar dos días... serán 100 años de guerra, pero los vamos a derrotar”.[13] Delcy Rodríguez, en declaraciones previas a la intervención, había advertido que cualquier invasión sería un grave error para el imperio, enfatizando la disposición de combate del chavismo soberanía y rechazando la injerencia imperialista. En sus palabras:

“Aquí estamos los campesinos en filas, en la vanguardia por la defensa de Venezuela. Que no se atrevan porque seremos su peor pesadilla y las peores calamidades del pueblo estadounidense están por venir si ellos se atreven a agredir al pueblo de Bolívar. Lo deben tener muy claro.”[14]

En el mismo tono desafiante llegó a decir:

“…quienes quieren entregar a Venezuela, los recursos naturales, el extremismo fascista, se está encontrando con el puño infranqueable del pueblo organizado. Con nosotros no van a poder (…) Hay una poderosa unión popular, que hoy se traduce en una unión popular, policial, militar para la defensa integral de la nación. ¿Quién puede con nosotros? Nadie.”[15]

Lo que hace más revelador este contraste entre el discurso público y los hechos es que, según un informe del New York Times publicado en octubre de 2025[16], mientras Maduro alardeaba de disponer de misiles Igla-S y una estrategia de resistencia prolongada, sus propios funcionarios de más alto rango negociaban en privado con Washington prácticamente el mismo paquete de concesiones que hoy implementa Rodríguez. De acuerdo con ese informe, en el marco de conversaciones con un funcionario estadounidense de alto rango, los principales colaboradores de Maduro, con su anuencia, ofrecieron abrir todos los proyectos petroleros y auríferos a empresas estadounidenses, conceder contratos preferenciales, redirigir el flujo de exportaciones de petróleo de China a Estados Unidos y reducir drásticamente los contratos energéticos y mineros con empresas chinas, iraníes y rusas. En palabras del propio NYT, se trataba de concesiones que “en esencia, eliminarían los vestigios del nacionalismo de recursos que constituye el núcleo del movimiento de Chávez.” Si el reporte es exacto, la interpretación más coherente de lo ocurrido el 3 de enero no es la de una capitulación sorpresiva ante lo inevitable: es la de una negociación previa en la que Trump aceptó la oferta, pero decidió prescindir de Maduro como interlocutor, prefiriendo a Delcy Rodríguez como administradora del acuerdo[17]. El “pragmatismo chavista” no habría emergido como respuesta a la crisis, sino que ya estaba negociado antes de que estallara.

La ausencia de cualquier resistencia militar significativa contrastó de manera notable con la narrativa de fortaleza defensiva que el gobierno había sostenido durante años, y particularmente los últimos meses. En el lapso comprendido entre la intervención armada del 3 de enero de 2026 y las veinticuatro horas siguientes, la capacidad defensiva anunciada, que incluía sistemas de misiles tierra-aire, millones de milicianos y planes de guerra prolongada, no se tradujo en ninguna forma visible de oposición militar organizada. Y por insólito que parezca, apenas veinticuatro horas después de la agresión norteamericana, en un comunicado difundido en sus redes sociales y firmando ya como “Presidenta encargada” (a pesar de no haber sido juramentada aún en ese cargo), Rodríguez invitaba a EE.UU. “...a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional.”.[18].

El giro fue más que brusco. Rodríguez pasó de condenar el “secuestro” de Maduro como una violación flagrante a comportarse como una aliada dócil de Washington, cooperando de forma inmediata con la liberación de algunos presos políticos y promoviendo en tiempo record una de las reformas legales más sensibles para el país, la de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH)[19] altamente lesiva a los intereses del país, y por demás, violatoria de lo establecido en la constitución. Esta capitulación instantánea no solo desmiente la supuesta preparación anunciada, sino que expone el “pragmatismo chavista” como un eufemismo para la rendición: lo que se vendía como fortaleza invencible resultó ser propaganda burda, disuelta al primer contacto con la realidad imperial.

Este gesto, simultáneo al supuesto desafío, revela la lógica que regiría las semanas y meses siguientes: la retórica de resistencia funcionaría como pantalla para una sumisión inmediata. No hubo transición, ni siquiera pausa dramática entre la condena y la colaboración. El “pragmatismo” no emergió como respuesta a la presión prolongada, sino como disposición previa, como guion que solo esperaba su momento para ejecutarse. La juramentación de Rodríguez como presidenta interina ante la Asamblea Nacional el 5 de enero[20], consolidó esta dualidad. Mientras el discurso oficial mantenía la legitimidad de Maduro como “único presidente”, los hechos avanzaban hacia su sustitución efectiva (nada temporal) por un gobierno que negociaba su propia existencia con el poder que había propiciado su instalación por la fuerza.

El calendario de concesiones que siguió no respondió a una escalada de presiones explícitas, sino a lo que luce más como una secuencia previsible y previamente acordada de entregas. El 15 de enero, ocurrió uno de los hechos más sintomáticos de todo este período que examinamos. Ese día, nada menos que el director de la CIA John Ratcliffe[21] visitó Caracas con el objetivo declarado de consolidar “…la cooperación en materia de inteligencia, la estabilidad económica y la necesidad de garantizar que el país deje de ser un refugio seguro para los adversarios de EE.UU., especialmente los narcotraficantes”. Se trataba de la visita del funcionario de más alto nivel de los EEUU que visitaba Venezuela después del ataque del 3 de enero. Apenas 13 días separaban una fecha de la otra. Algunas fuentes indican además, que el plan es establecer una base permanente de la CIA en Venezuela[22], entidad que como es sabido, tuvo un rol estelar en la operación que culminó con la captura de Maduro.

La visita de Ratcliffe no fue un episodio aislado; marcó el inicio de una serie de encuentros que institucionalizaban el esquema de subordinación/sometimiento que tiende a consolidarse tras la deposición por la fuerza de Maduro. Le siguió el secretario de Energía, Chris Wright, quien arribó al país el 11 de febrero[23], y acompañado por Delcy Rodríguez recorrió instalaciones petroleras y discutió el liderazgo de PDVSA, vinculando directamente la reforma de la LOH con la posibilidad de que Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), emitiera licencias que autorizaran o ampliaran transacciones y operaciones petroleras que de otro modo estarían prohibidas por el régimen de sanciones.

El 18 de febrero, el jefe del Comando Sur de EE.UU., Richard C. Donovan[24], quien supervisó la operación militar que capturó a Maduro, visitó Caracas y se reunió con Rodríguez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. Esta “visita histórica” se enfocó, según los EEUU, en “el entorno de seguridad, en los pasos necesarios para garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump, particularmente la estabilización de Venezuela, y en la importancia de una seguridad compartida en todo el hemisferio occidental”[25], todo ello traducido como la normalización militar post-intervención, consolidando la tutela estadounidense sobre las fuerzas armadas venezolanas.

La reforma parcial de la LOH fue aprobada el 29 de enero[26] por el voto unánime de los diputados oficialistas y de las fracciones opositoras que hacen vida en la Asamblea Nacional, tras una primera discusión el 22 de enero que evidenció una dinámica de urgencia servil, que contrastó con el modo como, en 2001, se desarrolló el proceso que concluyó en la promulgación de la LOH ese año, que incluyó la designación por parte de Chávez de una Comisión Presidencial[27] tuvo por objeto “…recabar, analizar y formar criterio sobre las observaciones que pudieren formarse al proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos, elaborado por el Ejecutivo Nacional.”[28]. En dicha Comisión estuvieron personajes como Álvaro Silva Calderón, Mashar Al Shereidah, Alí Rodríguez Araque, Guaicaipuro Lameda y otros con el mandato de expreso dado por Chávez de velar por los intereses supremos del país:

“Yo les deseo mucha suerte. Les agradezco a nombre de todos, el esfuerzo que sé van a aplicar a sus labores; la experiencia que........

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