Hay momentos en la historia de los pueblos en los que el mayor peligro no es la invasión visible, ni la guerra declarada, ni siquiera el bloqueo económico explícito. El mayor peligro es más sutil: es el desmantelamiento progresivo de la soberanía bajo la apariencia de "normalidad", de "reconstrucción", de "transición" o de "apertura". Venezuela parece estar entrando, una vez más, en ese terreno peligroso donde la memoria se diluye y el interés nacional se negocia en voz baja.

Durante años, el país fue sometido a sanciones, presiones financieras, bloqueos comerciales y aislamiento internacional. Estas medidas, según organismos internacionales, han tenido efectos severos sobre la población, exacerbando las condiciones económicas y sociales preexistentes. Pero más allá del impacto inmediato, el verdadero objetivo de estas estrategias ha sido, como han señalado diversos analistas geopolíticos, reconfigurar el control de los recursos estratégicos venezolanos, particularmente el petróleo.

No es casual que empresas como Chevron hayan recibido autorizaciones especiales para operar en territorio venezolano bajo condiciones que limitan la soberanía financiera del país, incluyendo restricciones sobre los pagos al Estado. Este tipo de acuerdos plantea una pregunta fundamental: ¿quién controla realmente la riqueza nacional?

El descaro imperial sin disimulo. En este contexto, resulta imposible ignorar la actitud de figuras políticas estadounidenses, particularmente la de Donald Trump, cuya retórica ha sido directa, provocadora y, en muchos casos, insultante. Su supuesta declaración sobre "decorar de oro la Casa Blanca con el oro de Venezuela" no es simplemente una frase polémica; es la expresión simbólica de una lógica histórica: la apropiación de recursos ajenos como derecho implícito del poder.

Ese tipo de discurso no surge en el vacío. Refleja una visión profundamente arraigada en ciertos sectores de poder internacional: los recursos naturales de países como Venezuela no son vistos como patrimonio soberano, sino como activos estratégicos disponibles para ser explotados bajo condiciones favorables a las grandes corporaciones.

Intelectuales como Noam Chomsky han advertido durante décadas sobre la política exterior estadounidense en América Latina, describiéndola como un sistema orientado a garantizar el acceso a recursos clave más que a promover la democracia. Por su parte, economistas como Jeffrey Sachs han criticado el uso de sanciones como herramientas de presión política que terminan afectando desproporcionadamente a la población civil. En el caso venezolano, la narrativa es clara: se construye una crisis, se profundiza mediante sanciones, se debilita la estructura económica interna y luego se abre la puerta a actores externos bajo el argumento de "rescatar" la economía.

El papel ambiguo de las ONG y la agenda de desgaste. Otro elemento que merece atención es el papel de ciertas organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos. Nadie puede negar la importancia de la defensa de los derechos fundamentales. Sin embargo, también es cierto que muchas de estas organizaciones operan dentro de marcos de financiamiento internacional que responden a intereses geopolíticos específicos. Informes indican que desde 2018 se han destinado cientos de millones de dólares en programas de "ayuda humanitaria" y financiamiento a organizaciones dentro de Venezuela. Este flujo de recursos no es neutral. Está orientado, en muchos casos, a moldear agendas, formar liderazgos y canalizar protestas hacia objetivos concretos. Hoy vemos cómo comienzan a articularse demandas sectoriales: estudiantes, transportistas, trabajadores públicos. Todas ellas legítimas en esencia. Pero cuando se sincronizan en un contexto de presión internacional, adquieren una dimensión distinta: se convierten en piezas de un engranaje mayor de desgaste institucional. Las exigencias para reformar el sistema judicial, cambiar fiscales, modificar leyes y reestructurar tribunales pueden ser necesarias. Pero cuando estas demandas no surgen de un proceso orgánico interno sino de una presión externa combinada con financiamiento internacional, se corre el riesgo de perder la autonomía en la toma de decisiones.

La gran omisión: ciencia, tecnología y soberanía productiva. Mientras tanto, hay un silencio ensordecedor sobre temas fundamentales para el desarrollo real del país. ¿Dónde están las grandes movilizaciones exigiendo inversión en ciencia y tecnología? ¿Dónde están las políticas públicas orientadas a la innovación, la industrialización y la educación científica? Estudios académicos han advertido sobre la caída sostenida de la producción científica en Venezuela, en gran parte debido a la emigración masiva de talento. Este fenómeno no es menor. Un país que no invierte en conocimiento está condenado a depender de otros, a importar soluciones, a renunciar a su soberanía tecnológica. Pero este tema no ocupa titulares. No genera marchas. No moviliza ONG. Porque no forma parte de la agenda inmediata de presión.

Consumismo importado y colonización cultural. Otro aspecto preocupante es la falta de una política clara para educar a la población en el consumo responsable y en la defensa de la producción nacional. Se promueve, de manera casi automática, la importación de insumos para cadenas internacionales como McDonald’s, Pizza Hut o Domino’s Pizza, mientras se descuida el fortalecimiento de la industria alimentaria local. No se trata de demonizar el consumo, sino de entender sus implicaciones. Muchos de estos productos están altamente procesados, con bajo valor nutricional y altos niveles de aditivos químicos. Sin embargo, no existe una campaña nacional que incentive a la población a cuestionar estos hábitos.

Más grave aún es el caso de empresas como Kimberly-Clark, que en su momento suspendieron exportaciones hacia Venezuela, contribuyendo a la escasez de productos básicos. Hoy, sin embargo, se pretende reinsertar estos productos en el mercado sin un debate serio sobre soberanía económica. ¿Dónde está la memoria colectiva? ¿Dónde está la dignidad de un país que desarrolló alternativas propias durante los momentos más difíciles? El riesgo de destruir lo poco reconstruido. Tras años de crisis, bloqueo y dificultades, Venezuela ha logrado, con enorme esfuerzo, reactivar parcialmente su economía y desarrollar mecanismos de sustitución de importaciones. Este proceso, aunque imperfecto, representa un avance hacia la autosuficiencia. Pero ese avance está en peligro. Si se permite el ingreso masivo de productos importados sin protección a la industria nacional, muchas de estas empresas no podrán competir. El resultado será un nuevo ciclo de dependencia, desempleo y vulnerabilidad. La historia económica de América Latina está llena de ejemplos de apertura indiscriminada que terminó destruyendo el tejido productivo local.

La guerra olvidada y la migración masiva. No se puede analizar la situación actual sin recordar el contexto reciente: una guerra económica no declarada que llevó a millones de venezolanos a abandonar el país. Se estima que más de ocho millones de personas han migrado en los últimos años, convirtiéndose en una de las mayores crisis migratorias del mundo contemporáneo. Esa migración no fue un fenómeno espontáneo. Fue el resultado de una combinación de factores internos y externos, incluyendo sanciones, bloqueo financiero y desestabilización política. Olvidar ese contexto es peligroso. Porque permite que se repitan las mismas dinámicas bajo nuevas formas. La opacidad del Estado: una deuda con el pueblo. Finalmente, hay un punto que no puede seguir siendo ignorado: la falta de transparencia en la gestión de los recursos naturales. ¿Cuánto petróleo se está vendiendo? ¿A qué precios? ¿Quiénes son los intermediarios? ¿Cuánto dinero está ingresando realmente al país? Estas preguntas no tienen respuestas claras. Y eso es inaceptable. La soberanía no solo se defiende frente a actores externos. También se construye internamente mediante la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana.

En conclusión, entre el silencio y la entrega. Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. Por un lado, la posibilidad de reconstruir su economía sobre bases soberanas. Por otro, el riesgo de caer nuevamente en una lógica de dependencia y subordinación. El peligro no está únicamente en las acciones de potencias extranjeras o corporaciones internacionales. Está también en la falta de memoria, en la pasividad, en la incapacidad de cuestionar. Hoy más que nunca, el país necesita una ciudadanía crítica, informada y comprometida con su futuro. Porque la soberanía no se negocia. Se defiende.

Slogan final. "Silencio oficial, entrega progresiva: cuando el gobierno calla, la patria se vende."

De un venezolano, hijo de la Patria del Libertador Simón Bolívar

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