Debemos entender la libertad como principio irrenunciable, incluso al margen del texto constitucional actual, implica reconocerla como un derecho natural e inherente a la persona que precede a cualquier norma escrita. Bajo esta perspectiva, la libertad se fundamenta en los siguientes pilares: la libertad como Derecho Natural (Pre-Constitucional) entendida como una cualidad sagrada del ser humano. Jurídicamente, esto significa que el Estado no "otorga" la libertad, sino que simplemente la reconoce y garantiza; segundo la Dignidad Humana, como principio rector del cual emanan todas las libertades y tercero, la Autonomía de la Voluntad, que no es otra cosa que la capacidad del individuo para decidir su propio proyecto de vida sin interferencias arbitrarias.

Con el desmontaje sistemático de la Constitución y su falta de aplicación estricta, la libertad apenas sobrevive en Venezuela. Invocada a veces inútilmente, a través del cumplimiento de los principios generales del derecho, que incluyen, el principio de Legalidad, según el cual ninguna persona puede ser sancionada por actos que no estén previamente prohibidos por una ley clara; el respeto a los derechos humanos, como pieza fundamental para un sistema legal equitativo y operando como un límite al poder, incluso en situaciones de colapso institucional; y la equidad y buena fe que deberían actuar como marcos éticos para la convivencia social.

Suena bonito en el papel, pero la práctica nos enseña día tras día, no sólo la tragedia de un sistema de justicia en metástasis y la crisis de la concepción del Poder Judicial como visión sistémica dada en la Constitución de 1.999 acogiendo el paradigma del "sistema" el cual está integrado ya no sólo por jueces y juezas, funcionarios administrativos tribunalicios, sino por fiscales, defensores y abogados públicos y privados; que ha sido permeado y utilizado como arma para -no sólo cometer abusos, corruptelas de toda ralea-, perseguir inocentes por razones políticas, criminalizar a los trabajadores y a quiénes les estorba al poder, ejercido como tiranía sobre los ciudadanos. Un sistema de justicia inmoral que no persigue hacer justicia, sino que responde a los vaivenes de las autoridades de turno en funciones partidistas y usándolo como llave para sellar con decisiones retrógradas el desmontaje no sólo de la Constitución sino de la República y sus intereses.

Es imposible aplicar la justicia si no hay autoridad moral y ética, e idoneidad en nuestros jueces y juezas para hacerlo, igual sucede con los Fiscales, defensores y abogados que integran el Sistema de Justicia.

Se han convertido en una maquinaria de trituración humana, comparables e incluso peores que las que se vivieron en Alemania nazi, la cortina de hierro o las dictaduras del cono sur. No son juristas, son monstruos con licencia para meter en prisiones horrendas miles de inocentes.

Resulta incomprensible el comportamiento de nuestros juzgadores (no todos afortunadamente) que obviando el mandato constitucional continúan aplicando la norma a su real saber y entender y respondiendo a "órdenes de arriba" jugando con eliminar las libertades no sólo física, sino económica, de comunicación, de movilización, de........

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