El entendimiento bilateral recientemente publicitado en redes sociales, según el cual se plantearía un control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas petroleras venezolanas a cambio de 100.000 millones de dólares, exige un examen jurídico, constitucional y financiero riguroso. De confirmarse sus términos, estaríamos ante una operación de enorme impacto sobre el patrimonio público, la soberanía económica y la autodeterminación de Venezuela.

Desde el Derecho Constitucional venezolano, cualquier operación destinada a comprometer el dominio, control o explotación de recursos estratégicos de la Nación debe someterse estrictamente a la Constitución. El artículo 236 delimita las atribuciones del Poder Ejecutivo y ninguna autoridad de hecho, gobierno encargado, estructura transitoria o representación política puede arrogarse facultades que la Constitución no le confiere.

La cuestión adquiere especial gravedad frente a los artículos 150 y 187 de la Constitución, que establecen mecanismos de control parlamentario sobre los contratos de interés público nacional. Una........

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