La Ley de Universidades existe desde septiembre de 1970. Fue consecuencia de los convulsos años sesenta, con guerrillas urbanas y con la UCV como uno de los centros más contestatarios a la todavía joven democracia "puntofijista". Con esa ley se envolvió dentro del discurso de la autonomía universitaria a la propia autonomía, pues si la revisamos hoy, después de 56 años de vigencia, sobreviven las instancias creadas en la ley del 70 para contener la inestabilidad política de la época: el Consejo Nacional de Universidades y la oficina administrativa OPSU.

Por definición, una universidad es una comunidad. La comunidad de maestros y estudiantes (universitas magistrorum et scholarium) degeneró en la palabra universidad a secas, y por la elemental condición humana de necesitar siempre a quien obedecer y de quien recibir el sustento, la universidad pasó de ser una comunidad a ser una dependencia gubernamental o una propiedad privada, es decir, universidades oficiales y universidades privadas.

También por definición, la universidad no nace para graduar personas y entregar títulos —títulos que la modernidad y las revoluciones desplazaron de los títulos nobiliarios, pues ahora al nombre de una persona se le suma el "licenciado" o el "ingeniero", como antes eran marqueses, condes, duques, caballeros y demás—. Las universitas de maestros y estudiantes surgieron para el estudio del entorno, de los fenómenos físicos, de las transformaciones materiales y hasta las transformaciones sociales, y producto de los logros de maestros o estudiantes surgía el grado o promoción, un reconocimiento colectivo al saber y al aporte; de allí que todo estudiante universitario culmine su escolaridad formal con un informe relativo a una investigación.

Volviendo al tema de la autonomía, elemento que de seguro es y será el vector que apunta hacia una nueva legislación, se reduce a tres simples cosas: la libertad para planificar, organizar y ejecutar programas de investigación, docencia y extensión; la facultad para elegir a sus propias autoridades y designar al personal docente, de investigación y administrativo; y la seguridad de poseer patrimonio propio, independiente del Fisco Nacional.

Bueno, déjenme decirles que ninguna es posible: hay que investigar y proponer soluciones a los problemas de nuestro país, hay que colocar en la administración de los recursos del Estado a personas idóneas, eficientes y obedientes, y el patrimonio........

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