La Guerra: Estamos en la cuarta semana de conflicto. Las bombas, la muerte, el desplazamiento de población y la destrucción se siguen acumulando. Trump asegura que ha aplazado cinco días sus ataques contra el sistema eléctrico iraní porque está negociando con ellos. En todo caso, a día de hoy, la guerra, como nos ha vuelto a recordar Netanyahu, continúa.

La Unión Europea ha reunido a su Consejo. De sus conclusiones no ha salido una condena explícita a la guerra ilegal emprendida por Trump y Netanyahu, pero sí reprimendas a Irán. La cacareada "autonomía europea" se reduce a mantener la apuesta por el militarismo presupuestario. El encuentro de los veintisiete mostró la parálisis que vive el llamado proyecto europeo, el giro a la derecha de los gobiernos y su falta real de un plan conjunto.

La especulación: Del cielo caen bombas sobre la población y beneficios extra para las compañías y bancos. Sólo hay que acercarse a la gasolinera o al supermercado para comprobar cómo están forrándose desde el minuto cero. Su posición de privilegio monopolista en el muy concentrado mercado español les da esa posibilidad.

Siete compañías controlan más del 75% de la distribución alimentaria, entre ellas, Mercadona, Carrefour, Lidl o Eroski. Por su parte, ocho son las sociedades que se reparten el mercado de hidrocarburos, si bien tres (Repsol, Cepsa y BP) copan todo el refino, el 70% del mercado mayorista y el 49% de los surtidores. Detrás de todo ello se encuentran bancos como Caixa Bank, BBVA y Santander.

El capitalismo de amiguetes que nos rige no duda en aprovechar cada ocasión que se le presenta y esta guerra es una de ellas.

El escudo social: El pasado el viernes, 20 de marzo, el Gobierno adoptó en un consejo de ministros extraordinario dos decretos ley. Uno largo, con medidas fiscales por valor de cinco mil millones de euros, centrado en los sectores energéticos. El otro, mucho más corto e impulsado por los ministros de Sumar, tiene como eje medidas sobre el alquiler de viviendas.

El primero, basado en la reducción temporal del IVA al 10% de los carburantes, no garantiza en modo alguno, como ya vimos en la pandemia o en la guerra de Ucrania, la reducción de los precios en la misma proporción. De hecho, la organización de consumidores Facua ya ha denunciado que las petroleras incrementaron, justo antes de la entrada en vigor del decreto, los precios en los surtidores. Lo mismo ocurrirá con los alimentos o el transporte. Sin precios máximos tasados y sin impuestos especiales sobre los beneficios de las grandes empresas resulta imposible atemperar seriamente la inflación y frenar la sangría de las cuentas públicas.

Embridar a los rentistas es el objetivo que persigue, aunque sea mínimamente, el segundo decreto de medidas sobre los alquileres. Este año un millón seiscientas mil personas, de los nueve millones que viven en alquiler, deberán renovar su contrato.

La movilización: Ninguno de los dos decretos tiene hoy su convalidación garantizada en el Congreso. Ahora bien, mientras el primero busca acercarse al PP, este partido ya lo identifica como el "decreto de derechas", el segundo nace de la necesidad de proteger la situación habitacional de las familias ante una carestía segura.

Resulta imprescindible el peso sindical, vecinal, asociativo y municipal para exigir medios que permitan controlar los precios y denunciar las subidas arbitrarias. Hay que dar poder a la población y a sus organizaciones ante quienes quieren saquear sus bolsillos.

Son necesarias grandes movilizaciones que, rechazando la guerra y sus efectos, defiendan medidas de protección para la mayoría. Solo por esa vía lograremos, más allá de la suerte que corran los decretos, afianzar nuestro bienestar y nuestros derechos.

Pasos como los dados en Catalunya, en su exitosa huelga en defensa de la educación pública, o en Euskadi y Navarra, con la huelga general que protagonizaron el 17 de marzo, constituyen ejemplos a seguir y de los que aprender.

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