El asunto de mayor interés para los trabajadores venezolanos es, sin duda, el ahnelado y muy necesario aumento salarial. Ya sabemos que el salario en Venezuela es, prácticamente inexistente: menos de un dólar. La causa principal de este estado de cosas es el bloqueo y las sanciones que ha impuesto ilegal e unilateralmente Estados Unidos a nuestro país. Simplemente no hay cómo pagar aumentos de sueldo y, mucho menos, retroactividad en las prestaciones sociales. Al menos así era hasta hace muy poco.

Lo anterior crea una situación peliaguda al gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ya que ahora, después de más de diez años, empieza a incrementarse la entrada de divisas al país por materia de explotación petrolera, hidrocarburos y minerales en general, luego de que Estados Unidos haya secuestrado al presidente de la República NIcolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores y bombardeado el país, ya que ha aplicado una política en la que se le permite vender los productos nombrados.

Hay que señalar, en primera instancia, que hay muchos sectores que, ante la nueva realidad que desconocemos si será duradera, porque con Estados Unidos y Trump nunca se puede tener certeza de nada, están exigiendo inmediatamente la elevación del salario, sin tomar en cuenta que la destrucción de Venezuela, de su empresa petrolera, de su infraestructura, es enorme, a causa, ya se dijo, de las mal llamadas sanciones impuestas por el hegemón. Lo primero que hay que pensar, es que tardará mucho el país en recuperar lo dañado, en reconstruirse y producir lo máximo que puede. Por tanto, no es que ahora existan enormes riquezas acumuladas por el gobierno, no, eso no es así; ni siquiera las sanciones han sido levantadas en su totalidad. De hecho, la mayoría persiste y Venezuela sigue siendo considerada por el país del norte como una "amenaza inusual y extraordinaria" (eso, obviamente, tiene su razón de ser).

Por otro lado, y aquí se encuentra el meollo del asunto, es que Venezuela no se encuentra en condiciones de elevar el salario sin cambiar algunas normas laborales. ¿Dónde está el problema? En que, como lo preceptúan la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, los derechos laborales en el país son progresivos e irrenunciables, por tanto, bajo el actual andamiaje legal, no es posible aumentar el salario sin que tenga una incidencia enorme en las prestaciones sociales. Esto traba, entonces, enormemente, las intensiones del gobierno de elevar los salarios. Repito, hay trabas constitucionales y legales por derechos laborales que, según la misma Constitución y la Ley no son renunciables y son, como ya se dijo, progresivos, no pueden ser disminuidos. De allí la política de bonificación del gobierno: eleva, con un invento de nombre extraño, el ingreso de los trabajadores sin que ello tenga incidencia en las prestaciones, pues al tenerla, se dispara la inflación y se volvería al caso del aumento salarial conjunto con un enorme aumento de precios que lo haría sal y agua.

Ante esta situación, es necesario hacer propuestas al ejecutivo, porque es innegable que el estado de los trabajadores en Venezuela es más que precario, inaguantable. ¿Pudieran, por ejemplo, ir siendo pagadas las prestaciones a los trabajadores de forma anual?, ¿pudiera reducirse el tiempo de jubilación? De todas formas, este asunto es casi seguro que vaya a parar en manos del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, ya que es la encargada de la protección e interpretación de los derechos consagrados en la Constitución. Los empresarios, liderados por Fedecámaras, abogan por le eliminación actual del sistema de prestaciones sociales, pero ello, como se explicó ya, sería violatorio de la Constitución y la ley.

Como abogado sé, que es la ley la que debe adaptarse a la realidad, y no al revés; pero también sé cuáles son los principios laborales en el país, por tanto, el gobierno tiene que resolver este enredo de una forma u otra tratando de no desmejorar los derechos de los trabajadores. Yo me pregunto si eso es posible. Mientras tanto, la masa laboral en el país sigue sudando la gota gorda, sudando sangre, mientras la inflación continúa y el dólar oficial y no oficial siguen su escalada.

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