Soy Jean Mendoza, Secretario General del Sindicato de Industrias de Trabajadores de Empresas Manufactureras de Madera y sus Similares (SITRAEMAS), y he sido señalado bajo la "ley del odio" por mi actividad gremial en defensa de los derechos de los trabajadores. Escribo como víctima de quienes utilizan esta y otras leyes antiobreras para impedir o reprimir la defensa de los derechos laborales y el ejercicio de las funciones sindicales legítimas, con fines vinculados a los intereses de la burocracia y del capital. He sido perseguido y castigado, en mi caso, por la transnacional maderera chilena Masisa; pero si esa empresa extranjera ha podido hacerlo hasta ahora, es gracias al consentimiento del sistema judicial, que ha permitido el uso de la "ley del odio" como arma contra los dirigentes que incomodan y, por esa vía, contra el conjunto de los trabajadores, mientras se violan sus derechos contractuales y sus libertades democráticas.

El gobierno insiste en maquillar un instrumento de persecución. Los trabajadores organizados tenemos claro que la única salida es eliminar la ley por completo. No es reforma: es derogación. Quienes defendemos los derechos de los trabajadores, los sectores opuestos al gobierno y, particularmente, la disidencia de izquierda, así como los gremios periodísticos, movimientos sociales afectados y organizaciones de derechos humanos, formamos parte de una amplia mayoría para la que no se trata de reformar: es derogar. Y hay razones de peso.

Un origen ilegítimo y un mal uso confeso

La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por una Asamblea Nacional Constituyente que, para muchos, carecía de legitimidad democrática. Delcy Rodríguez presidía ese órgano cuando la norma vio la luz. Hoy, la misma funcionaria, encargada de la presidencia tutelada que se instaló tras la intervención estadounidense del 3 de enero de 2026, admite que la ley "fue mal aplicada" y que se hizo "un uso abusivo" de ella. Esto también lo reconoció su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que en conversaciones con las cúpulas opositoras ya había dicho que se estaba considerando reformarla, y lo ha admitido recientemente Nicolás Maduro Guerra, diputado y miembro del oficialismo, al reconocer desviaciones y excesos en su aplicación. Es decir, el propio gobierno y las instituciones del régimen autoritario reconocen que la herramienta sirvió para fines distintos a los que decía.

Por ese mismo "uso abusivo" y esa torcida aplicación, me encuentro judicializado desde hace años, con cautelares limitantes que obstaculizan mi desenvolvimiento como dirigente sindical, que fui democráticamente electo como secretario general del sindicato de Masisa. Se trata de una acusación falsa e infundada de la patronal, admitida por la Fiscalía y por el Tribunal Penal, como ejemplo de tan reprochable uso, que vivo en carne propia. Y esto agrega un agravante y un precedente: se hace a solicitud de la patronal privada, complacida por el Estado.

El reconocimiento del "mal uso" y la "mala aplicación" no apunta, sin embargo, a lo fundamental: la ley no falló simplemente por eso. Su diseño mismo estaba orientado a la persecución política y social en función de los intereses de la burocracia gobernante, y hoy le sirve también al capital privado. Aprobada sin debate democrático real, se convirtió en........

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