El colapso climático y las graves inundaciones ocurridas en febrero en el territorio del departamento de Cordoba y su capital Montería, por la creciente de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete, han dejado más de 240 mil víctimas (más de 80 mil hogares) que perdieron sus viviendas, sus proyectos productivos y entorno ecológico (ciénagas, humedales y otros espejos hídricos). La situación social es dramática y las comunidades se están organizando con sus asociaciones y veedurías ciudadanas para demandar del Estado el reconocimiento de sus derechos como víctimas del cambio climático.

De manera consecuente, el presidente Petro procedió con rapidez para abordar las demandas y urgencias de la población y ha decretado un Estado de excepción constitucional en el ámbito económico y ecológico que hoy se ha reflejado en un conjunto de medidas estratégicas las cuales están referidas a los siguientes aspectos:

Medidas tributarias sobre las grandes fortunas.

Con el decreto 0173, se determina la fórmula tributaria para un impuesto al patrimonio de las personas jurídicas con una tarifa diferencial de 1,6% para los segmentos financiero y minero-energético, y de 0,5% para las demás actividades. Se fijó esa tarifa para las empresas con un patrimonio líquido de 200.000 UVT, equivalente a poco más de $10.400 millones (3 millones de dólares aproximadamente).

Cerca de 56% de los recursos que se van a recibir por este impuesto al patrimonio correspondan a los sectores financiero y minero-energético, y el otro 44% al resto de las actividades productivas.

El tributo se declarará y pagará en dos cuotas: 50% deberá cancelarse el 1 de abril y 50% restante, el 4 de mayo.

En el caso del sector financiero, las entidades deben asumir una sobretasa de 5% cuando reportan rentas gravables iguales o superiores a 120.000 UVT, lo que equivale aproximadamente a $6.284 millones en el año gravable 2026.

Por otro lado, en la industria de extracción y producción de petróleo crudo y carbón aplica un recargo permanente que oscila entre 5% y 10% para las compañías con ingresos gravables iguales o superiores a 50.000 UVT, es decir, alrededor de $2.618 millones.

Medidas de reforma agraria.

Mediante el decreto 0174 El Gobierno del presidente Gustavo Petro activó poderes extraordinarios sobre la tierra rural; la Agencia Nacional de Tierras, ANT, podrá ocupar, comprar e incluso expropiar predios para reubicar a poblaciones afectadas por la emergencia socioambiental. Esta norma busca acelerar la reubicación, temporal o definitiva, de unidades de producción agropecuaria y activos rurales en las zonas impactadas.

Se habilita a la Agencia Nacional de Tierras ANT para usar, ocupar temporalmente, imponer servidumbres y adquirir predios cuando sea necesario por situaciones de desastre o calamidad pública, con el pago de las compensaciones correspondientes.

Esto podrá hacerse también sobre bienes del Estado o de fondos como el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, Frisco, el Fondo de Reparación de las Víctimas y el Fondo de Restitución de Tierras, sin importar la situación........

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