Felipe Harman es un líder social y comunitario de los Llanos orientales (fue alcalde de Villavicencio, la capital del Meta en el 2020) que se ha proyectado como una figura nacional del gobierno popular del presidente Gustavo Petro y del Pacto histórico.

Hoy, es el director de la Agencia Nacional de Tierras, institución encargada de la reforma agraria integral, una de las más importantes banderas reformistas relacionada con los Acuerdos de paz del 2016 con las Farc, que incluyó la formalización de 7 millones de hectáreas y la entrega de otros 3 millones a campesinos pobres y despojados por los grupos paramilitares de las AUC por orden de Uribe Vélez y su mafia criminal.

Harman ha hecho de la entrega de tierras, de la reforma agraria integral, de la conformación de Zonas de Reserva Campesina, de la formalización de títulos y de la organización de los campesinos su tarea central y prioridad en la gestión oficial.

En ese empeño, ha enfrentado la feroz resistencia de poderosos terratenientes, ganaderos, narcotraficantes, paramilitares, magistrados, fiscales, jueces, generales y políticos criminales que han acaparado miles de predios que se encuentran en manos de la Sociedad de Activos Especiales SAE y deben ser transferidas a la Agencia Nacional de Tierras para hacer la reforma agraria.

A raíz de su encomiable gestión, la ira de los poderosos del área rural se ha desatado para amenazarlo, intimidarlo y planear su asesinato.

Ayer 16 de marzo, en un Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro denunció públicamente una amenaza de muerte contra Felipe Harman, presuntamente relacionada con los recientes operativos de recuperación de tierras en el Magdalena Medio.

La amenaza habría sido realizada por un hombre identificado con el apellido Almanza.

El señor Almanza quiere matar al director de ANT, afirmó el presidente durante la sesión, en la que también pidió atención inmediata por parte de los organismos de gobierno encargados de la seguridad de Harman. Petro solicitó al Ministerio de Defensa reforzar las medidas de protección. Tomé nota, señor ministro de Defensa, debemos proteger a todo el campesinado colombiano.

La advertencia surge luego de los resultados entregados por la Agencia Nacional de Tierras, que reportó la recuperación de más de 54 mil hectáreas en el Magdalena Medio. Estas acciones hacen parte de los procesos adelantados por el Gobierno para recuperar predios que, según la entidad, se encontraban en manos de ocupaciones irregulares o en disputa, en Puerto Salgar, promovidas por gamonales y caciques políticos del uribismo en común acuerdo con jefes paramilitares del Magdalena Medio como Botalón y Ramón Isaza con su bandola familiar.

De acuerdo con la información conocida, tras los avances en la recuperación de tierras habría surgido la amenaza directa contra Felipe Harman, lo que encendió las alertas dentro del Gobierno nacional sobre la seguridad del funcionario y de las comunidades campesinas en la región.

Pero estas amenazas inmediatas no son solo de ese complicado territorio (Puerto Boyacá, la Dorada, Puerto Berrio), cuna de los paramilitares según los documentados estudios adelantados por Carlos Medina en la Universidad Nacional.

Las presuntas amenazas pueden emanar de las roscas oligárquicas de Villavicencio y el departamento del Meta que sienten pasos de animal grande con los recientes resultados electorales del pasado 8 de marzo que registraron un caudaloso respaldo para las listas del Pacto Histórico y su candidata Carmen Mayusa, cuya lucha política está marcada por una historia como víctima del conflicto armado. Militante de la Unión Patriótica y con reconocimiento en sectores sociales, agrarias y sindicales del Meta.

Allí en Villavicencio imperan unas roscas políticas mafiosas muy peligrosas, sin escrúpulos y dispuestas a todo para mantener sus aberrantes privilegios y el secuestro de las más importantes entidades del Estado.

Me refiero a la rosca política del actual alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, quien promovió la candidatura del electo representante uribista Darwin Castellanos, ex Concejal de Villavicencio en el periodo 2016-2019 por el partido conservador y ex secretario Privado de la actual Alcaldía de Villavicencio, desde donde se adelantaron las más oscuras negociaciones con el Plan de Ordenamiento Territorial, el volteo de tierras y la presunta protección de las bandas criminales del Guatiquia; que llegó al Centro Democrático uribista (aliado de los paramilitares) apalancado en su reciente rol como mano derecha del alcalde Alexander Baquero y su cercanía con la ex congresista Jennifer Arias, representando los sectores conservadores del Meta, el cual fue clave en la elección de Baquero a la Alcaldía, la cual ganó con 71 mil votos en 2023 mediante una gigantesca compra de votos y el más descarado fraude electoral; como también se acaba de repetir en las votaciones del pasado 8 de marzo con el trasteo de electores y la compra de miles de sufragios.

En medio de su campaña electoral, fue cuestionado por utilizar su cargo en la administración como una plataforma para saltar al Congreso, siendo no solo reconocido como el candidato del alcalde Baquero y por contar con múltiples contratistas a disposición de su campaña, obtiene tal escaño para implementar su agenda por la defensa de "la familia" y estar en contra de derechos amparados por la Corte Constitucional como el aborto. Es administrador público, con estudios en derecho urbano que utiliza para sus negociados inmobiliarios y urbanísticos en una región en que el loteo al porcentaje esta en todo su apogeo.

Me refiero también a la facción política de la actual gobernadora Rafaela Cortes, que se recargó con toda su maquinaria administrativa de la gobernación para elegir a la Cámara a Milton Carreño, ex gestor social de la actual Gobernación del Meta quien con estos resultados consolida una base electoral en el departamento tras el paso por la administración pública en cargos como Gerente Minero-energético y Secretario de Ambiente, como ficha de Juan Sin Miedo (Juan Guillermo Zuluaga, presunto socio del grupo paramilitar los Juanitos). Carreño, quien también se desempeñó como concejal de Villavicencio durante dos periodos (2004-2011), es respaldado por el capital político de la actual gobernadora, Rafaela Cortés, quien además es su cuñada electa en 2022 con 183 mil votos de las maquinarias de la ultraderecha neofascista. También lo respaldan la estructura del Partido de la U y el sector "empresarial" del Llano plagado de narcos.

Su maquinaria electorera tiene el respaldo de alcaldías como la de San Martín (refugio de los paramilitares puntilleros y urabeños). Contratistas del hospital local de este municipio afirman que tenían que llevar listas con posibles votantes y asistir a reuniones de "amigos". Además, Juan Guillermo Zuluaga (Juan sin Miedo, principal despojador de las Regalias y las obras publicas de la via al llano), en las últimas semanas, se sumó abiertamente a esta candidatura, lo cual hizo que su acumulado electoral y politiquero lograra sumar a Carreño con lotes de votos sobornados.

Estas son las mafias que están detrás de los planes magnicidas contra Felipe Harman. Que lo protejan los organismos del Estado encargado de estas funciones. Que lo proteja la sociedad y sus organizaciones sociales y democráticas. No más guerra sucia de la ultraderecha uribista que está bien nerviosa con el ascenso sostenido de la candidatura presidencial de Ivan Cepeda, el candidato del Pacto Histórico.

© Aporrea