Venezuela se encuentra en un momento definitorio, donde la reconstrucción económica y financiera, la recomposición social y la recuperación de la confianza institucional son imperativos ineludibles. En este duro contexto, el Gobierno interino ha anunciado la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal y un ambicioso plan de reestructuración y reingeniería del Estado venezolano, que muy bien puede incluir la modernización de instituciones como el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) mediante el uso de medios digitales e inteligencia artificial (IA). Estos anuncios, que marcan el inicio del mes de junio de 2026, ofrecen una ventana de oportunidad para abordar la profunda crisis jurídica que ha socavado la confianza ciudadana y la seguridad jurídica del país.

Sin embargo, la verdadera reforma no puede ser un mero ejercicio declarativo de buenas intenciones o una composición numérica de magistrados. Debe ser una transformación estructural que enfrente de raíz el retardo procesal y las decisiones judiciales que, lejos de impartir justicia, conspiran contra el ordenamiento jurídico y, lo que es más grave, mancillan la Fe Pública.

El SAREN: Entre la modernización y la vulneración de la Fe Pública: La digitalización y la inteligencia artificial, si bien prometen eficiencia y celeridad, también pueden ser instrumentalizadas para fines ilícitos si no existen controles rigurosos y una ética inquebrantable. El caso del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) que en un principio fue concebido como un ente paradigmático. Ahora bien, se plantea........

© Aporrea