La reestructuración de la deuda de Venezuela que se está preparando actualmente no es una buena noticia para el pueblo venezolano. Corre el riesgo de que durante muchos años, una parte importante de los ingresos del país, en particular los ingresos petroleros, se destine al reembolso de los acreedores extranjeros precisamente cuando Venezuela sale de un período de profunda crisis económica, de sanciones internacionales, de confiscación o congelación de parte de sus activos en el exterior y de sufrir una catástrofe natural de gran magnitud.

Según la información publicada en junio de 2026, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez se dispone a reconocer un conjunto de deudas que podrían ascender a 240.000 millones de dólares. La cifra es considerablemente superior a las estimaciones que circulaban anteriormente, que oscilaban entre los 150.000 y los 170.000 millones de dólares. Con una economía cuyo PIB se situaría hoy en día cerca de los 100.000 millones de dólares, la deuda así evaluada representaría más del 200% del PIB.

Pero esta cifra no debe aceptarse en ningún caso como un dato incuestionable. Los 240.000 millones de dólares no corresponden a una deuda homogénea, incluye bonos soberanos, deudas de la empresa petrolera estatal PDVSA, préstamos bilaterales, créditos comerciales, intereses acumulados y créditos derivados de laudos arbitrales o acuerdos de indemnización relacionados con nacionalizaciones y expropiaciones llevadas a cabo básicamente durante la presidencia de Hugo Chávez, fallecido en marzo de 2013.

La primera pregunta que hay que plantearse es muy sencilla: ¿quién debe qué a quién, en qué concepto, por qué importe y tras qué pagos ya efectuados? Esta cuestión cobra aún mayor importancia si se tiene en cuenta que la reestructuración se está preparando en unas condiciones políticas y económicas totalmente excepcionales.

Una reestructuración preparada bajo tutela estadounidense

Desde la agresión militar estadounidense del 3 de enero de 2026, que provocó la captura, el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y su encarcelamiento en Estados Unidos, Venezuela se encuentra en una situación de dependencia sin precedentes respecto a Washington. La intervención estadounidense también provocó la muerte de un centenar de personas, entre ellas 32 cubanos que participaban en la protección de la presidencia venezolana.

Desde entonces, Delcy Rodríguez dirige un gobierno interino que ejerce el poder en un contexto en el que Estados Unidos cuenta con un peso político, militar y económico determinante. Esta situación cobra especial relevancia al analizar la cuestión de la deuda, ya que afecta directamente a la principal riqueza del país: el petróleo.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Sin embargo, desde enero de 2026 Washington ejerce un control neocolonial sobre la organización de las exportaciones petroleras y sobre los flujos financieros resultantes. Según informaciones publicadas recientemente, Estados Unidos ya habría recaudado más de 13 000 millones de dólares en ingresos procedentes del petróleo venezolano desde enero.

Los acreedores extranjeros reclaman a Venezuela sumas considerables, mientras que la potencia que la ha agredido militarmente se apropia de sus ingresos petroleros, que constituyen la principal fuente de ingresos del país

Nos encontramos ante una situación profundamente paradójica: entidades extranjeras reclaman a Venezuela sumas considerables, mientras que la potencia que la ha agredido militarmente se apropia de sus ingresos petroleros, que constituyen, con diferencia, la principal fuente de ingresos del país.

Esta situación presenta características que pueden calificarse legítimamente de neocoloniales. Venezuela ya no controla los beneficios derivados de sus hidrocarburos, Washington controla su recaudación, su conservación y su desembolso. Esta situación es rotundamente neocolonial. Por lo tanto, la cuestión de la deuda no puede disociarse de la del control de los recursos naturales de Venezuela.

Una deuda acumulada en condiciones extraordinarias

También sería erróneo considerar la deuda venezolana como si se hubiera acumulado en condiciones económicas y financieras normales.

Estados Unidos comenzó a imponer importantes sanciones financieras a Venezuela en agosto de 2017, durante la primera presidencia de Trump. Estas sanciones limitaron las transacciones relacionadas con la deuda del Gobierno venezolano y de la principal empresa petrolera pública, PDVSA. En enero de 2019 Washington reforzó considerablemente el dispositivo sancionando a PDVSA y bloqueando los activos sujetos a la jurisdicción estadounidense.

Evidentemente, estas sanciones no bastan por sí solas para explicar la crisis venezolana en su conjunto, también hay que tener en cuenta las decisiones económicas de los........

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