El reciente anuncio de reactivación de la Central Hidroeléctrica Tocoma (Manuel Piar) y la rehabilitación de Macagua I despierta un inevitable optimismo en una población fatigada por el racionamiento eléctrico. La promesa de incorporar 2.400 MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) —2.160 MW provenientes de las diez unidades Kaplan de Tocoma y 240 MW de tres grupos Francis en Macagua— se presenta como el gran hito de la agenda energética. 

Sin embargo, en la ingeniería de potencia, los megavatios no se miden por lo que se produce en la sala de máquinas, sino por lo que efectivamente llega al interruptor del ciudadano en Maracaibo, Barquisimeto o Caracas. Y es allí donde la física choca de frente con la narrativa política.

Analizar el nuevo Acuerdo IMPSA-CORPOELEC exige una mirada sin pasiones que separe la evidente oportunidad técnica del histórico de desidia que convirtió a Tocoma en un monumento a la corrupción, en verdadero «elefante rojo» tras dos décadas de parálisis.

Si el contenido de dicho acuerdo es el que está haciendo correr el interinato, hay que reconocer que este esquema plantea un blindaje corporativo e institucional inédito y plausible, que no hubiese sido posible sin la irreductible presión de la administración estadounidense que tutela actualmente Venezuela, por un lado. Y por otro lado, IMPSA ya no es la golpeada firma argentina del pasado dirigida por más de 100 años por los Pescarmona; hoy opera bajo el control del Fondo Norteamericano Industrial (IAF) y con el crucial paraguas legal de las licencias 48A y 49A de la OFAC.

Este giro geopolítico iniciado el 3 de enero, permite algo que parecía imposible: movilizar componentes clave varados en almacenes de Alemania, Paraguay o EE.UU., y estructurar un fideicomiso en suelo estadounidense con fondos liberados del Estado venezolano (estimados inicialmente entre 80 y 150 millones de dólares para la Fase I de 19 meses). Que........

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