El regreso de María Corina Machado a Venezuela ha reactivado las expectativas de cambio político y ha colocado nuevamente en el centro del debate nacional una realidad que ninguna negociación, acuerdo institucional o estrategia de transición puede ignorar: la existencia de presos políticos, familias sometidas a una espera interminable y ciudadanos cuyos derechos continúan dependiendo de la voluntad de un sistema que no ha demostrado capacidad para garantizar justicia.

Su presencia en el país, después de casi diez meses fuera, no representa únicamente el retorno de una dirigente opositora. También constituye una oportunidad para recordar que la recuperación democrática venezolana no puede reducirse a la reorganización del poder político ni a la discusión sobre una eventual convocatoria electoral. La democracia, antes que un procedimiento para elegir autoridades, es un sistema de garantías que protege la dignidad humana, limita el poder del Estado y asegura que ninguna persona sea perseguida por sus ideas, convicciones o actuación política.

Las reuniones que Machado ha sostenido con familiares de presos políticos y víctimas de violaciones de derechos humanos, así como su reciente visita a las inmediaciones del centro penitenciario El Rodeo I, han devuelto visibilidad a una tragedia que permanece lejos de resolverse. Allí, frente a los rostros de quienes esperan la libertad de sus seres queridos, la política adquiere una dimensión profundamente humana: cada detenido representa una vida interrumpida, una familia que ha tenido que reorganizar su existencia y una deuda institucional que no puede ser saldada con declaraciones.

El pasado 6 de noviembre, Machado acompañó a los familiares que mantienen su protesta frente a El Rodeo I. Pronunció nombres de detenidos, se dirigió a quienes permanecen privados de libertad y reiteró una exigencia que debería ser compartida por cualquier sociedad que aspire a vivir en democracia: libertad para todos los presos políticos, justicia para las víctimas, reparación para sus familiares y garantías de no repetición.

Su mensaje no puede interpretarse como una simple consigna opositora. Se trata de una exigencia que interpela directamente al Estado venezolano y a quienes hoy ejercen responsabilidades de gobierno. Porque si existe una oportunidad para avanzar hacia una nueva etapa política, esta debe comenzar por reconocer que no puede construirse estabilidad sobre la permanencia de personas encarceladas arbitrariamente.

Los años que la política no puede devolver

Una de las expresiones más dolorosas de esta crisis es el tiempo que se les ha arrebatado a quienes........

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