Sobre los acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela, necesarios para recuperar de las ruinas en las que dejó el chavismo a Venezuela, en especial a nuestra industria petrolera, hay argumentos fundamentales que no ha sido tomados en cuenta y que han despertado razonable inquietud en unos e indignación en otros.

Del “huge deal” anunciado por Trump no se conocen los detalles. Lo cierto es que las autoridades interinas venezolanas nombradas por Washington para que coordinen la estabilización económica y la transición de la tiranía a la democracia, actores del mismo régimen que destruyó el país y dicha industria, han concedido a North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa petrolera privada, la explotación durante 100 años de 17 yacimientos que representan unas reservas probadas de petróleo de 65.000 millones de barriles que, según voceros de la Casa Blanca, nutrirán las reservas estratégicas de USA. Sin embargo, Marcos Rubio ha declarado en varias entrevistas que dicho acuerdo no es con el interinato de Rodríguez sino con la empresa NABEP de Alejandro Betancourt, persona que, según expertos, no tiene noción de la industria petrolera. Esta respuesta aumenta las opacidades de este trato, debido a que Betancourt arrastra una fama de presunto operador de contratos fraudulentos y lavado de capitales en Suiza, Inglaterra y España, aparte de las graves acusaciones criminales contra él, formuladas en 2023, en intervenciones públicas tanto por Jorge Rodríguez como Diosdado Cabello, parte del triunvirato ilegítimo que continúa en el gobierno bajo el protectorado americano. Como podemos observar, esto escapa a las actuaciones legítimas y legales que debería tener un acuerdo de esta naturaleza donde está en juego el único recurso negociable en este momento que posee el país y que ayudaría, sin duda, con el apoyo internacional, especialmente de USA para su reconstrucción.

Sobre este tema he recogido diversas críticas de reconocidos expertos petroleros y analistas políticos. En primer lugar, la legislación venezolana no reconoce las concesiones petroleras. Desde la nacionalización de 1976 y en el marco de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001, los inversores privados solo pueden operar como socios minoritarios en empresas mixtas controladas por el Estado o mediante contratos de servicios limitados a 25 años. Incluso la nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada el 29 de enero de 2026 bajo los auspicios de las autoridades provisionales apoyadas por Estados Unidos, mantiene una duración máxima de 25 años, prorrogable por 15 años, y una participación del Estado superior al 50 % en las sociedades mixtas. Por consiguiente, una concesión de 100 años como la anunciada por Trump y Delcy Rodríguez, carece de todo fundamento jurídico en Venezuela. Pero, además, el “gran acuerdo” se ha realizado con la........

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