El reciente entusiasmo de Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas en Colombia, resulta no solo prematuro sino peligrosamente complaciente. Asegurar que la desescalada diplomática entre Colombia y Estados Unidos “fortalece la previsibilidad” puede sonar tranquilizador en foros empresariales, pero desconoce —o minimiza deliberadamente— las variables internas que verdaderamente determinan la inversión.

La confianza no se decreta desde una rueda de prensa ni se construye con comunicados diplomáticos tampoco. La inversión extranjera, y más aún la inversión fresca responde a señales estructurales claras: seguridad física, estabilidad jurídica, disciplina fiscal y un entorno político que no amenace la propiedad privada ni el modelo de mercado.

Hoy el país enfrenta una combinación alarmante: expansión de estructuras narcoguerrilleras, deterioro del orden público en regiones estratégicas, economías ilegales fortaleciéndose y una narrativa política nada amigable frente al sector productivo. En ese contexto, hablar de “previsibilidad” es, desgraciadamente, de un simplismo inexplicable.

El problema no es solo la coyuntura diplomática superada entre Washington y Bogotá. El verdadero interrogante es el horizonte político. La posibilidad de que Iván Cepeda llegue a la Presidencia no es un escenario remoto. Para un sector importante del empresariado, su eventual triunfo significaría la consolidación de un proyecto ideológico que profundizaría la línea ya marcada por Gustavo Petro: mayor intervención estatal, retórica confrontacional frente a Estados Unidos y un discurso crítico hacia la inversión extranjera tradicional.

Ante ese panorama, el capital actúa con racionalidad, no con romanticismo: el dinero es cobarde! Si el ambiente continúa como el actual —con guerrilla activa, narcotráfico en expansión e inseguridad creciente— la inversión nueva simplemente no se arriesgará. Y la inversión existente, lejos de celebrar la “previsibilidad”, pondrá sus barbas en remojo. Evaluará escenarios, congelará expansiones y, si percibe riesgos de deriva autoritaria o inseguridad jurídica, buscará destinos alternativos en la región.

La historia reciente de América Latina demuestra que el capital es extremadamente sensible a señales ideológicas. No basta con prometer estabilidad macroeconómica si el discurso político genera dudas sobre el respeto a contratos, el equilibrio institucional o la cooperación estratégica con Washington. El empresariado observa con atención no solo lo que se dice, sino lo que se tolera: bloqueos, presiones regulatorias, estigmatización del sector privado o concesiones ambiguas frente a actores armados ilegales.

Además, el contexto regional añade un elemento inquietante. Lo que ocurra en Venezuela y su llamada “transición controlada” influirá inevitablemente en la lectura que los mercados hagan del rumbo ideológico del continente. Si Colombia se percibe alineada con modelos de mayor concentración de poder y menor apertura económica, el costo en términos de confianza será inmediato.

Por eso, la posición de la Cámara americana no parece tanto una lectura objetiva del riesgo como una estrategia utilitaria. Mantener un discurso optimista protege intereses instalados y evita enviar señales de alarma a sus afiliados. Pero el país no puede confundirse: la confianza empresarial no es un ejercicio retórico, es una ecuación de riesgo.

Mientras persistan la violencia rural, el control territorial de economías ilícitas y la incertidumbre política, la inversión no despegará por más sonrisas diplomáticas que se intercambien. La estabilidad verdadera no depende solo de la relación bilateral; depende de que el próximo gobierno —sea cual sea su signo— demuestre, con hechos y no con consignas, que Colombia seguirá siendo una economía abierta, segura y respetuosa del capital.

Sin eso, el optimismo no será visión estratégica, sino negación de la realidad.

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