Las instituciones contra el juez

La diferencia entre un Estado consolidado y uno que se degrada está en la conducta de quien gobierna: si preserva la institución aunque la resolución le duela, o usa la autoridad para convertir al juez en adversario

Manuel García-Castellón

El 30 de julio de 2024, mientras Pedro Sánchez declaraba como testigo en la Moncloa en la causa contra su esposa, la Abogacía del Estado depositaba en la plaza de Villa de París una querella por prevaricación contra el juez que la instruía, Juan Carlos Peinado, por haberle negado declarar por escrito. Concluida la testifical, la portavoz, Pilar Alegría, ocupó el atril de todos los españoles y defendió la querella como una exigencia de «dignidad» de la Presidencia. La investigación, zanjó, era un «montaje».

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó la querella por unanimidad el 18 de octubre de 2024. Su fundamento quinto señalaba el «carácter especulativo» del escrito y el prejuicio que «destila». La resolución ocupó cuatro folios; la rueda de prensa, horas de archivo televisivo. Los tres magistrados no dieron comparecencias ni entrevistas.

Un año después se repitió la escena. En septiembre de 2025, el ministro Óscar Puente calificó a Peinado y al magistrado del Supremo Ángel Hurtado de «casos claros de jueces que hacen política». Hurtado instruía la causa contra el fiscal general del Estado, de quien Puente auguró un juicio «sin la más mínima prueba». El 20 de noviembre, el Supremo condenó a Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados, por cinco votos contra dos. Sánchez dijo que acataba el fallo y que seguía creyendo en el condenado. Durante........

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