Bolaños se la juega en Estrasburgo

El Gobierno busca influir en la elección del juez español al TEDH con miras a las consecuencias políticas de un futuro fallo sobre García Ortiz

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Hay nombramientos que explican una estrategia política mejor que cien discursos. Félix Bolaños acaba de abrir el proceso para elegir a los candidatos españoles a juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo ha hecho con un control gubernamental que ignora los criterios del ... Consejo de Europa.

El ministro de Justicia dice que el procedimiento del PP era peor y tiene razón, pero desde que se fue Mariano Rajoy han pasado casi ocho años en los que Estrasburgo ha pedido más independencia en la selección. Incluso aunque no lo hubiera hecho, ¿no venía el PSOE a traer la regeneración a este país?

Bolaños arriesga su prestigio y el de España porque sería vergonzoso que nuestra lista fuera devuelta. Esperemos que no suceda pero, yendo tan lejos, el triministro demuestra que quiere asegurarse a cualquier precio de que los tres candidatos sean de su gusto. ¿Por qué? Probablemente, porque en el horizonte hay un caso que acabará ante Estrasburgo y cuyo fallo no admitirá ambages: será una victoria o una derrota política para Sánchez. Hablamos del exfiscal general Álvaro García Ortiz.

El empeño del ministro de Justicia por controlar la lista al TEDH explica una vez más la estrategia del Gobierno de poner las instituciones que son de todos al servicio del PSOE a través de los nombramientos.

Este es solo el último capítulo de una constante en la que Lola Delgado para la Fiscalía, José Luis Escrivá para el Banco de España o, recientemente, Inés Olóndriz para la AIReF ocurren con normalidad en los estados no democráticos. El Gobierno coloca peones cada vez que tiene oportunidad, sean organismos grandes o pequeños. En estos últimos acaban pasando más desapercibidos, pero no hay que minusvalorar su labor de zapa. Es el caso, por seguir en el área de Bolaños, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

En enero de 2024, cuando parecía que la ley de amnistía sería un sapo que no podrían tragar los socialistas, la anterior directora de este organismo —Yolanda Gómez, progresista— fue sustituida por una jurista abiertamente proamnistía, Rosario García Mahamut.

El CEPC es un órgano público que depende de Presidencia y tiene la misión de promover el análisis jurídico y político en la sociedad. Nada más llegar la nueva directora —elegida solo entre mujeres, segunda condición de Bolaños— el centro organizó unas jornadas institucionales sobre la amnistía que se recogieron en un libro. En 2025 llegó una segunda monografía y las revistas del CEPC han publicado numerosos artículos. El saldo es favorable a la idea de que la ley que puede traer a Carles Puigdemont de vuelta tiene encaje constitucional. Y está pagado con fondos públicos.

Ahora, ante el próximo nombramiento en el Tribunal Europeo, la maquinaria vuelve a ponerse en marcha. Y de nuevo para construir el relato que Sánchez necesita.

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