En los últimos meses hay una escena que se repite en miles de hogares en España: un contrato de alquiler que termina y una pregunta que pesa más que cualquier cláusula legal. "¿Podré seguir viviendo aquí?".

Esta no es una duda menor ni un problema individual. Es una grieta estructural que atraviesa la vida cotidiana de millones de personas y que interpela directamente a quienes hoy tienen en sus manos una decisión política inaplazable. Una duda que como país no nos podemos permitir.

La cuestión de la vivienda en España no puede entenderse únicamente en términos de oferta o de precios. Tiene que ver, sobre todo, con la distribución del poder. Con quién decide sobre la continuidad de la vida cotidiana de millones de personas. De quién decide si una familia puede continuar en su barrio, si una joven puede emanciparse, si una madre puede sostener un hogar sin vivir con la amenaza constante del desahucio...

En las últimas décadas, ese poder se ha concentrado progresivamente en actores cuya lógica no es la de habitar, sino la de rentabilizar. Grandes tenedores, fondos de inversión, estructuras que operan a escala y que han incorporado la vivienda a circuitos financieros donde la estabilidad no es un valor, sino un obstáculo.

Desde esa lógica se entienden mejor muchas de las resistencias actuales a la idea de la regulación. No como episodios aislados, sino como la reacción de un modelo que percibe cualquier límite como una amenaza. Un modelo que necesita rotación, incertidumbre y asimetría para sostenerse.

Frente a eso,........

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