La esperanza que el actual Gobierno despertó en el campesinado sobre una mayor productividad y calidad de vida parece diluirse en una nueva desolación. En estos años, el apoyo en créditos y asistencia técnica ha sido esquivo, mientras la inseguridad y una infraestructura vial precaria obligan al productor a malvender sus cosechas. En este escenario de vulnerabilidad, surge una amenaza adicional: la actualización masiva del avalúo catastral rural.

Bajo el pretexto de un rezago de más de una década, la meta de equiparar el avalúo catastral al valor comercial ha disparado los valores entre un 200% y un 1.200% en más de 500 municipios, incluyendo 60 en Santander. Si bien es cierto que el país arrastra un latifundio improductivo que debe cumplir con el deber constitucional de contribuir al gasto público bajo principios de justicia y equidad (Art. 363 C.P.), esta carga no puede romper la ecuación mínima entre productividad y tributación.

Un impuesto que ignore la realidad del flujo de caja del campesino se torna Expropiatorio. Cuando el tributo excede la rentabilidad de la tierra, nos enfrentamos a una expropiación indirecta: el campesino termina entregando su predio al Estado por la imposibilidad de pago. La justicia prometida corre el riesgo de convertirse en una trampa política de proporciones históricas.

Es innegable que esta actualización fortalecerá las finanzas municipales, permitiendo mayores obras y proyectos. Sin embargo, el momento histórico exige que los Concejos Municipales asuman una actitud mesurada. Ante las inusitadas alzas de la base gravable, los cabildantes deben aplicar la tarifa mínima permitida para mitigar el impacto. No deben olvidar que la actualización también golpeará al sector urbano, afectando la estabilidad de toda la población.

Al campesino le asiste el derecho de exigir que su tierra sea valorada por lo que produce y no solo por lo que el mercado especula. La propiedad rural debe ser un activo de vida, no una carga impagable. Que esta presión fiscal sea el catalizador para que el sector rural valore si el rumbo actual garantiza su permanencia en el campo o si es hora de exigir un modelo que respete la sagrada relación entre el sudor de la frente y la rentabilidad de la tierra. La dignidad del campo no se negocia en una factura de catastro.

Es bueno precisar que el avalúo catastral no siempre es igual al incremento del impuesto predial gracias a los límites legales que impone las Leyes 44/1990 y 1995/2019, que los Concejos Municipales tienen la facultad de graduar para compensar el salto del avalúo, si quieren proteger al campesino de los intereses políticos.

Es momento de reflexionar si se quiere continuar con esta política confiscatoria o buscar un cambio que realmente beneficie al ciudadano.

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