El Reglamento legaliza la detención administrativa prolongada —de hasta dos años— a personas que no han cometido delito alguno, solo por carecer de documentación en regla. Hablamos de privación de libertad por motivos puramente administrativos, aplicable a personas que no han sido juzgadas ni condenadas, lo que convierte la presencia irregular en territorio europeo en una suerte de estado de excepción permanente, donde el derecho a la libertad personal queda suspendido.

Pero la pieza central del reglamento es la creación de “centros de retorno” en terceros países, que permite a la UE trasladar a personas cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas a instalaciones fuera de sus fronteras, donde permanecerán detenidas mientras se gestiona su expulsión. Este modelo, inspirado en los controvertidos centros italianos en Albania —actualmente paralizados por decisiones judiciales—, convierte a países terceros en gestores de campos de........

© Trochando Sin Fronteras