“Simplificar”, “racionalizar”, “reducir”. Aunque los comunicados de la Unión Europea (UE) suelen encontrar formas creativas de evitar pronunciar la palabra “desregulación”, esta nueva Comisión Europea se centra en impulsar la competitividad del bloque mediante la “reducción de la burocracia”. La intención de estimular la economía del continente puede ser loable, pero existe un riesgo real de no distinguir el grano de la paja.

El Informe Draghi, presentado en septiembre de 2024, sentó las bases para una reorganización de una de las joyas de la corona de la UE en materia de regulación digital: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Según el informe, algunas normativas presentan “solapamientos e incoherencias” que dan lugar a fragmentación.

Draghi señaló al RGPD como una fuente particular de quebraderos de cabeza, debido en gran parte a su complejidad, su engorrosa aplicación a nivel nacional, su aplicación local incoherente y los costes de cumplimiento desproporcionadamente elevados para las pequeñas y medianas empresas en comparación con las grandes compañías. Ahora los rumores han terminado: el RGPD parece abocado a su desaparición, al igual que las normas de información sobre sostenibilidad antes que él.

Sin embargo, el mundo ha cambiado drásticamente en los últimos meses, lo que significa que muchas de las propuestas de Draghi están hechas a medida para un contexto que ya no existe. Además, el desastroso experimento DOGE de Estados Unidos ofrece una clara advertencia de que la desregulación conduce al caos en lugar de a la eficiencia. Al fin y al cabo, las instituciones jurídicas son sistemas complejos diseñados con el objetivo fundamental de proteger los derechos de las personas.

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Es esencial contar con normas sólidas para garantizar la claridad y la transparencia. Especialmente en el sector digital, es fundamental establecer barreras claras para contener tanto los excesos de........

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