El Gobierno ha tratado de dar tranquilidad con su reforma constitucional en materia de seguridad, en particular sobre el nuevo estado de excepción. Además de señalar que está dispuesto a conversar -como si eso fuese una concesión en democracia- ha transmitido que este nuevo estado de excepción puede ser presentado como un instrumento acotado, que solo restringe libertades que los estados de excepción vigentes ya permiten limitar. Esa explicación, en mi opinión, elude lo esencial, el problema de las reglas propuestas no sólo está en las facultades que confiere, sino en la manera en que se activa y el modo en que se puede ejercer, por eso su contenido es peligroso.

Su causal, la de una “amenaza grave e inminente” o una “afectación grave” de la seguridad pública, que el propio mensaje explica como una situación que se puede instalar de modo progresivo, es lo suficientemente flexible para verificarse casi siempre. Además, su duración de ciento veinte días, prorrogables, y con intervención del Congreso desde la segunda renovación, haría posible un estado de excepción sin control político y bajo potencial mando militar hasta por ocho meses. Un estado de excepción con esas características no es un instrumento de emergencia, es uno que normaliza la excepción.

Conviene observar la iniciativa del Gobierno a la luz de lo que hicieron otros, porque ninguna de las democracias que solemos citar enfrentó el terrorismo o el crimen organizado con esta combinación. Francia usó su estado de urgencia tras los atentados de 2015, lo prorrogó por dos años y terminó........

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