La detención de Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador del estado de Guerrero, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), acusado como presunto responsable del ocultamiento de videos grabados por las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de dicha entidad, cuyo contenido sería una evidencia sumamente relevante en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, genera un poco de esperanza en un proceso que está a mes y medio de cumplir 12 años con un marcado vaivén en la justicia, pues a lo largo de este tiempo pareciera que a cada avance le sigue un grave retroceso.

Y es que apenas unas semanas atrás, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó un informe donde desestima muchos de los resultados que se habían difundido con las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y si bien la CNDH tiene facultades específicas, no puede ocultarse el impacto de sus declaraciones en el entorno de la impartición de justicia, y además la influencia de la CNDH en el imaginario social conserva aún un marco de repercusión que tampoco puede ser pasado por alto, lo que significa que el reciente informe publicado por el organismo que debe velar por los derechos humanos de todas y todos los mexicanos da un giro narrativo alarmante que, entre otras cosas, exculpa al Ejército mexicano de su participación en el crimen de Estado cometido contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y también pareciera criminalizar a los familiares, amigos y organizaciones que a la fecha siguen exigiendo la verdad como un principio humano y de justicia en un país golpeador históricamente por la impunidad, abriendo de paso una disputa discursiva entre la “verdad histórica”, la “antiverdad” y una nueva narración que pudiera haber comenzado a contarse.

Pero,........

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