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América Latina atraviesa un momento fiscal decisivo. Tras la pandemia, los gobiernos enfrentan ingresos tributarios estancados e inflación persistente en varios países. También lidian con un servicio de la deuda que consume buena parte de los presupuestos nacionales y una ciudadanía exhausta que observa con desconfianza la capacidad del Estado para proveer servicios básicos. 

En ese contexto, la noción de un «nuevo pacto fiscal» comenzó a ocupar el centro de las discusiones públicas. En realidad, encierra un dilema que ha dominado el debate regional durante décadas: ¿debe la región avanzar a una mayor progresividad tributaria o hacia un ajuste del gasto?

La forma en que esta pregunta se presenta es definitoria. La historia reciente muestra que las reformas centradas exclusivamente en subir impuestos a los sectores de mayores ingresos han fracasado.

Lo mismo ha ocurrido con las reformas basadas únicamente en recortar gasto público. Ninguno de estos caminos, tomado de forma aislada, ofrece una salida duradera para estabilizar las cuentas o generar crecimiento.

El verdadero debate consiste en definir qué tipo de Estado se quiere financiar y qué estructura tributaria permite sostenerlo. También en cómo garantizar que los recursos se administren con transparencia, eficiencia y legitimidad.

Para comprender la dimensión del problema, conviene observar algunas cifras oficiales. Según datos de la OCDE, en los países miembros la recaudación tributaria promedio ronda el 34% del PIB.

En cambio, en América Latina, de acuerdo con la Cepal, los ingresos tributarios representan alrededor del 21% del PIB. La brecha es evidente.

La región intenta financiar expectativas de estado de bienestar con una estructura fiscal propia de economías que recaudan mucho menos. Al mismo tiempo, la pandemia dejó como legado........

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