La privatización silenciosa de los servicios públicos, por Omar Ávila

X e Instagram: @OmarAvilaVzla

El dogma del Estado omnipresente, encargado de proveer servicios públicos prácticamente gratuitos como un derecho garantizado por la revolución, ha muerto en silencio. No hubo un anuncio público en la Gaceta Oficial ni un debate en la Asamblea Nacional, pero la realidad de este 2026 es incontestable: los servicios públicos en Venezuela se están privatizando de facto.

Ante la asfixia presupuestaria y la incapacidad técnica para recuperar la infraestructura nacional, el Ejecutivo ha optado por una estrategia pragmática: trasladar la responsabilidad y el costo de la supervivencia al sector privado y a las comunidades.

El primer síntoma de esta mutación se observa en las zonas comerciales e industriales del país, donde el Ministerio de la Energía Eléctrica mantiene una directriz estricta para los llamados «altos consumidores» (centros comerciales, hoteles e industrias): la obligatoriedad de autogenerar su propia electricidad mediante plantas diésel o a gas durante las horas pico de la demanda nacional.

Este fenómeno, que comenzó como una medida de emergencia temporal años atrás, hoy es una condición obligatoria para operar, sin considerar que el costo de adquisición, mantenimiento y combustible de estos gigantescos generadores privados es asumido en su totalidad por las empresas, quienes inevitablemente deben trasladar ese gasto operativo al precio final de los bienes y servicios que consume el ciudadano común.

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