Durante décadas, la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se basó en una fórmula conocida: los cárteles mexicanos producen y transportan drogas, los estadounidenses las consumen y Washington presiona a México para que haga más por detener el flujo. Esto se describía comúnmente como la “guerra contra las drogas”.

Esa fórmula está cambiando, y el cambio resulta más alarmante que nunca para México. Washington ya no define a ciertas organizaciones mexicanas únicamente como cárteles criminales: desde febrero de 2025, seis de ellas —los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana— también están designadas como organizaciones terroristas extranjeras.

Puede parecer un simple cambio de terminología. En realidad, podría representar una transformación fundamental en la manera en que Estados Unidos aborda el problema de seguridad de México.

No es que antes de la designación Washington no considerara a los cárteles una amenaza para su seguridad nacional. Ya lo hacía. La diferencia es que ahora los ha incorporado formalmente al aparato jurídico, financiero y político de la lucha contra el terrorismo.

Cuando una persona presta apoyo material a una organización terrorista designada o participa en sus operaciones, el asunto deja de pertenecer únicamente al ámbito del narcotráfico y la delincuencia organizada. Puede activar leyes antiterroristas, sanciones financieras, restricciones migratorias, operaciones de inteligencia y nuevos instrumentos judiciales. La policía, las aduanas y los fiscales no desaparecen de la ecuación, pero pasan a formar parte de una arquitectura mucho más amplia.

El cambio también es visible en el aparato militar estadounidense.

El Centro para el Combate al Terrorismo de la Academia Militar de West Point publicó un análisis sobre las lecciones que........

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