Jalisco no puede permitir que la violencia se apodere de sus calles, que grupos de encapuchados incendien edificios públicos, destruyan establecimientos comerciales, agredan a las personas y pretendan convertir una demanda ciudadana legítima en una jornada de intimidación y vandalismo. Lo ocurrido este domingo en el corazón de Guadalajara representa una advertencia que ninguna autoridad, organización social ni ciudadano responsable debería minimizar. Quemar una puerta del Congreso del Estado, atacar el Palacio de Gobierno, romper cristales, utilizar artefactos incendiarios y sembrar temor no constituye una forma de ejercer el derecho a manifestarse. Son conductas que deben investigarse y sancionarse conforme a la ley. Y ha llegado el momento de decirlo con toda claridad: la sociedad jalisciense no puede permanecer indiferente mientras quienes recurren a la violencia pretenden apropiarse de las calles y utilizar como pretexto una causa tan importante como la exigencia de agua limpia. La defensa de Jalisco, de su tranquilidad, de sus instituciones y de la convivencia democrática es una responsabilidad que nos corresponde a todos.

Por segundo domingo consecutivo, una movilización convocada para reclamar soluciones a la crisis de calidad del agua que afecta a numerosas colonias de la zona metropolitana terminó marcada por episodios de violencia. Esta vez, las agresiones alcanzaron distintos puntos del Centro Histórico de Guadalajara. Personas encapuchadas, identificadas en diversos reportes como integrantes del llamado bloque negro, causaron destrozos, atacaron inmuebles y participaron en confrontaciones que obligaron a modificar el desarrollo de la manifestación. Los daños a establecimientos particulares, los ataques contra edificios públicos y el incendio registrado en una puerta del Congreso estatal muestran una escalada preocupante que exige respuestas institucionales firmes, proporcionadas y sustentadas en investigaciones rigurosas.

La gravedad de estos acontecimientos no debe confundirse con la legitimidad de las demandas ciudadanas. Miles de personas tienen razones suficientes para exigir agua limpia, servicios públicos eficientes y explicaciones sobre las deficiencias del suministro. El problema existe, afecta la vida cotidiana de numerosas familias y requiere soluciones inmediatas y estructurales. También son legítimas las exigencias de investigar posibles excesos policiales cometidos durante la manifestación del domingo anterior. Pero ninguna de esas causas justifica incendiar instalaciones públicas, atacar comercios o amenazar la integridad de quienes participan pacíficamente. Defender el derecho a protestar implica precisamente impedir que sea secuestrado por quienes buscan imponer sus acciones mediante la fuerza.

Hay un hecho especialmente revelador: durante la movilización de este domingo, participantes pacíficos intentaron separarse de los grupos encapuchados e impedir que sus acciones violentas contaminaran el sentido de la protesta. Algunos manifestantes expresaron públicamente su rechazo a esos comportamientos y trataron de mantener el carácter ciudadano de la convocatoria. Esa reacción merece destacarse porque demuestra que no puede colocarse indiscriminadamente a todos los asistentes en la misma categoría. Quienes marchan para exigir agua limpia ejercen una libertad constitucional; quienes aprovechan la concentración para cometer agresiones deben asumir individualmente las consecuencias de sus actos.

Lo ocurrido tampoco puede explicarse simplemente como una expresión espontánea de indignación. La utilización de objetos incendiarios, herramientas para destruir instalaciones, ataques contra inmuebles y conductas destinadas a provocar enfrentamientos constituye una modalidad de violencia que exige investigaciones específicas. Las autoridades deben identificar a quienes participaron materialmente, determinar si existió algún grado de organización y esclarecer las circunstancias de los hechos. No sería responsable atribuir anticipadamente la autoría intelectual a partidos políticos, organizaciones o funcionarios sin elementos suficientes. Pero tampoco sería aceptable que la ausencia inicial de conclusiones sirviera para dejar impunes actos que pusieron en riesgo la seguridad pública.

La violencia exige una respuesta del Estado, pero esa respuesta debe mantenerse estrictamente dentro de la legalidad. Las corporaciones de seguridad tienen la obligación de proteger a la población, impedir agresiones y preservar el funcionamiento de las instituciones. También deben respetar los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente y evitar actuaciones indiscriminadas contra personas que no participaron en hechos delictivos. Las investigaciones sobre posibles abusos cometidos por agentes policiales durante la manifestación del 11 de octubre deben continuar y producir las consecuencias que correspondan. No hay contradicción alguna entre exigir responsabilidades por la violencia de los encapuchados y reclamar que los servidores públicos actúen conforme a la ley. La autoridad no puede permitir el vandalismo, pero tampoco combatirlo mediante abusos. Su fortaleza debe descansar en la legalidad, la profesionalidad y la eficacia.

Lo que sí resultaría profundamente peligroso sería aceptar que cada nueva movilización ciudadana termine convertida en escenario de destrucción, amenazas y enfrentamientos. Jalisco tiene una larga tradición de participación social, organización comunitaria y defensa de causas públicas. Sus ciudadanos han demostrado capacidad........

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