En economía financiera existe una regla elemental: el capital no teme al riesgo; teme a la incertidumbre no cuantificable. El riesgo se modela, se tasa y se cubre. La incertidumbre jurídica —especialmente en la ejecución de contratos— destruye modelos, liquidez y valor.

México está entrando en una zona donde el Poder Judicial deja de ser solo un poder del Estado para convertirse en una variable macrofinanciera crítica.

I. Estado de derecho: el dato internacional que define el costo del dinero

En el Rule of Law Index 2025 del World Justice Project, México ocupa aproximadamente el lugar 121 de 143 países, con una calificación cercana a 0.40. Este índice mide independencia judicial, cumplimiento de contratos, corrupción, justicia civil y penal.

Para el sector financiero, ese ranking se traduce en:

Mayor prima de riesgo país.

Mayor costo de fondeo.

Menor profundidad crediticia.

Mayor exigencia de garantías reales.

Restricción de plazos.

No es ideología. Es pricing del riesgo.

II. Legitimidad política formal vs. legitimidad social débil

La elección judicial reciente tuvo una participación aproximada de 12.5 %–13.3 % del padrón, un nivel extraordinariamente bajo para rediseñar un poder del Estado.

Desde la perspectiva institucional, esto produce un efecto doble:

Legalidad formal (fue una elección válida).

Legitimidad social limitada (mandato débil).

En sistemas políticos, un poder con legitimidad social frágil tiende a reforzar cohesión interna y alineamiento, no necesariamente productividad técnica.

III. Productividad judicial: señales mixtas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reportado variaciones en número de asuntos ingresados y resueltos en los últimos años. Cifras oficiales del INEGI muestran:

16,370 asuntos ingresados a la Corte en 2024

13,979 egresados ese mismo........

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