El dato que el discurso político mexicano evita no es el déficit fiscal ni la deuda, sino el PIB per cápita. Porque el PIB per cápita no admite narrativa: mide cuánta riqueza genera, en promedio, cada persona y, por tanto, el verdadero nivel de bienestar económico.

México ronda hoy los 14 mil dólares anuales por habitante. Es un nivel bajo para un país con acceso preferencial al mayor mercado del mundo, con tratados comerciales, estabilidad macroeconómica y una ventana histórica de nearshoring. Peor aún: el crecimiento del PIB per cápita ha sido lento y errático durante más de tres décadas.

La comparación internacional es contundente. Estados Unidos supera los 85 mil dólares per cápita y se proyecta por encima de 100 mil dólares hacia 2030. Canadá, socio pleno del T-MEC, ronda los 55 mil dólares y apunta a cerca de 70 mil hacia 2030. Chile se ubica por encima de México, alrededor de 16 a 17 mil dólares, con instituciones económicas más sólidas. Argentina, aun con una crisis macroeconómica crónica, se mantiene cercana a México gracias a su capital humano. Brasil, con un PIB per cápita menor, compensa con escala industrial, financiera y tecnológica.

México no lidera en América Latina y está años luz de Norteamérica, pese a compartir un tratado comercial. Esto no es ideológico: es estructural.

El gobierno presume haber sacado a millones de personas de la pobreza mediante transferencias directas, pensiones universales y aumentos al salario mínimo. Todo ello alivia el consumo, pero no crea riqueza.

Las transferencias no generan productividad. El salario mínimo, sin inversión y sin capital humano, tiene un techo bajo: se traslada a precios, reduce márgenes o inhibe empleo formal. El resultado es evidente: el PIB per cápita no despega.

México no está construyendo una economía de mayor valor agregado; está administrando pobreza con mayor gasto social.

Aquí está el punto que conecta economía, banca y desarrollo.

Sin Estado de derecho no hay inversión productiva sostenida, crédito barato, innovación ni nearshoring de alto valor. México presenta debilidades estructurales en la ejecución de contratos, la protección de los derechos de propiedad y los tiempos judiciales en materia civil y mercantil.

Para un inversionista —nacional o extranjero— la pregunta central no es si existe mano de obra barata, sino si puede hacer valer un contrato, ejecutar una garantía o resolver un litigio en un plazo razonable.

Estados Unidos y Canadá no son economías prósperas por transferencias sociales; lo son porque sus reglas se cumplen. Chile ha logrado estabilidad institucional suficiente para atraer inversión. México, no.

México debía ser el gran beneficiario del nearshoring. La realidad es más modesta.

Sí llegan plantas, sí llegan líneas de ensamble, pero no llega el control estratégico.

La ingeniería, la dirección regional, la investigación, el diseño y la propiedad intelectual se quedan fuera del país. México captura volumen, no valor. Esto explica por qué el T-MEC no se traduce en un aumento sustancial del PIB per cápita.

Sin Estado de derecho, el T-MEC se convierte en un esquema de maquila extendida, no en un motor de desarrollo.

El problema no........

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