El caso del periodista Rafael Lafita López, reconocido por su trabajo en la cobertura de hechos de nota roja en Veracruz, nos ha tenido atentos y atentas. Y al gremio periodístico, entre la indignación y el coraje.

No hablo solo de los colegas jarochos. Este asunto nos debe ocupar y preocupar a todos y todas en México.

Rafael ha sido objeto de investigaciones por parte de la fiscalía estatal, que habría interpretado su capacidad para llegar temprano a escenarios de violencia o accidentes como un indicio de actividades ilícitas.

Lafita fue detenido el pasado 24 de diciembre de 2025 y pasó la Nochebuena y la Navidad acusado de varios delitos, entre ellos, terrorismo.

El código penal de Veracruz, en su artículo 311, dice lo siguiente sobre ese delito:

“A quien utilizando explosivos, substancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a ésta para que tome una determinación, se le impondrán de tres a treinta años de prisión, multa hasta de setecientos cincuenta días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por cinco años”.

Algo entendió mal la Fiscalía de aquel estado, pues la práctica de contar con redes de informantes —integradas en este caso por taxistas, barrenderos y vecinos— es común en el periodismo policiaco, no solo de ahí, de diversas regiones del país.

Lafita no es un terrorista, cuenta con fuentes confiables que le dan el pitazo y suelen ser el primer eslabón para que pueda acceder a información oportuna y llevar a cabo........

© SDP Noticias