Durante décadas, la política científica en México operó bajo un modelo que, lejos de garantizar el acceso universal al conocimiento, profundizó desigualdades y favoreció intereses privados. La aprobación de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) marcó un cambio de raíz: no se trató solo de una reforma administrativa, sino de una transformación estructural y estructurante del sentido mismo de la ciencia en el país.

Esta Ley General constituye un marco jurídico de vanguardia a nivel mundial, ya que no existe otro ordenamiento jurídico que explícitamente haya surgido a partir del reconocimiento constitucional del derecho humano a la ciencia como lo hizo México, a partir de la reforma al Artículo tercero en la fracción V, en mayo de 2019.

Se trata de una herramienta que ha logrado transformar el sistema de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) situando el interés público y el bien común por encima de los intereses privados que se vieron favorecidos por el modelo neoliberal y un marco legal vetusto, que presumía amplios márgenes de ambigüedad y opacidad.

El sentido de esta nueva ley, que guió también el quehacer del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), permitió el rediseño de la política pública en esta materia, incorporando a las humanidades para profundizar en la transformación del sistema, hasta lograr que el 91 por ciento de los apoyos fueran destinados al sector público y sólo el 9 por ciento a privados y siempre con rectoría de Estado; contrario a lo que ocurría en el pasado, cuando el Conacyt neoliberal asignaba el 46 por ciento de los apoyos al sector privado y el 54 por ciento al público.

El modelo anterior: dispendio y exclusión

Antes de esta ley, más de 45 mil millones de pesos de pesos fueron canalizados hacia intereses privados a través de mecanismos como el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) y fideicomisos so pretexto de la innovación científica. Este modelo no solo significó un uso ineficiente y opaco de recursos públicos, sino una exclusión sistemática: regiones enteras del país, instituciones públicas y disciplinas completas quedaron fuera del acceso a becas y apoyos. Mientras tanto, los recursos se concentraban en empresas, universidades privadas, programas en el extranjero de alto costo y redes de favoritismo.

Mientras en el Conacyt neoliberal (2013-2018) se antepusieron intereses privados a las necesidades de desarrollo tecnológico del pueblo de México ―utilizando una red de simulaciones, desvíos y corrupción―, nuestro país descendió 16 lugares a nivel mundial en innovación, a pesar de haber destinado 162 por ciento más de gasto público para este rubro.

La consecuencia fue profunda: millones de personas quedaron al margen del derecho humano a la ciencia, afectando también otros derechos, pues hoy la ciencia es una herramienta habilitadora del........

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