Uno de los principales argumentos utilizados por la Cuarta Transformación para justificar la demolición de la reforma energética fue que los contratos otorgados en administraciones anteriores estaban marcados por la corrupción, el favoritismo y la entrega del patrimonio nacional a intereses privados. Sin embargo, conforme avanzan los proyectos de inversión mixta impulsados por la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, evidencian que el problema nunca fue la participación privada, sino quién controla la asignación de los negocios.

Las convocatorias lanzadas por la Sener y la CFE operan bajo un esquema que concentra amplias facultades en el gobierno, con criterios de evaluación poco transparentes, procesos que se desarrollan con escasa supervisión pública y decisiones finales sujetas a estructuras burocráticas con mínimos mecanismos de rendición de cuentas.

Es decir, el problema no está solamente en la falta de transparencia, sino en el diseño de los contratos, donde los inversionistas privados deben aportar capital, financiamiento, garantías y experiencia técnica, mientras el control estratégico permanece en manos de la CFE; los órganos de gobierno quedan dominados por representantes del Estado y las decisiones fundamentales dependen de la empresa........

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