Un grupo de hombres sujetos a investigación ha arrancado una campaña estilo vieja política pintando bardas en las que convocan a sumarse en contra de las “denuncias falsas”. El truco estadístico consiste en que se toma el número de denuncias por violencia sexual o familiar, se resta el de condenas con sentencia firme y se llama “falsas” a la diferencia. Es una trampa, y quien la usa suele saberlo.

La Fiscalía General del Estado español lo dijo en 2012: la no condena no equivale a denuncia falsa. Una carpeta puede quedar sin sentencia porque la víctima abandonó el proceso, porque el agresor reincidente nunca fue localizado, porque la prueba no alcanzó o porque nadie la investigó a tiempo. Ninguna de esas razones habla de mentira. Para nuestro país, la brutal realidad topa con pared al comprender que un asunto puede quedar sin sentencia porque el diseño del sistema de justicia además de ser costoso e inaccesible, ofrece mil y un obstáculos antes de poder llegar a una resolución que compruebe los hechos que se acusan. Eso no implica que los hechos hayan sido falsos o inexistentes, lo que suele suceder es que quienes juzgan no le dan valor probatorio a lo que se ofrece o bien, que en el camino de la prueba desde la integración de las acusaciones en las fiscalías (que no son poder judicial ni dependen de aquel) hay corrupción en contra de las víctimas, quienes coincidentemente, suelen tener menos recursos económicos en contraste con sus agresores.

En España, donde sí se cuenta, de más de un millón de denuncias entre 2009 y 2016 solo 194 derivaron en un procedimiento por acusación falsa, y 79 terminaron en condena. Aquí no existe un dato así. En el debate sobre la iniciativa de Cuauhtémoc Blanco contra las denuncias falsas, uno de sus impulsores reconoció que........

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