Siempre las cosas pueden resultar peores. Pocos ámbitos del desempeño gubernamental escapan a esa situación. Al mismo tiempo, toda autoridad procura convencer a la opinión pública de que sus resultados responden a las expectativas ciudadanas. De ahí surge una tensión permanente entre los hechos, es decir, la realidad, y la narrativa construida por el régimen sobre su propio desempeño. La distancia entre ambas se amplía cuando predominan los malos resultados.

Una de las fórmulas para enfrentar esa realidad consiste en recurrir a cifras oficiales que respalden la narrativa del éxito, como ocurre con la disminución de los delitos de alto impacto y de los homicidios. El gobierno celebra esos datos, pero persiste una fundada reserva social, reflejada en indicadores —también oficiales— sobre la percepción de inseguridad. Los avances en un rubro no se reflejan en el otro. Más aún, existen datos que deliberadamente se omiten, como el incremento de las personas desaparecidas o de los homicidios reclasificados. A ello se suma la dificultad para medir con precisión delitos que afectan a amplios sectores de la población, como la extorsión.

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