Como sabe bien cualquiera que ha tenido que lidiarlo —o padecerlo—, el sistema judicial colombiano es un trancón operativo constante, en el que las cosas no se mueven nunca a la velocidad que deberían por la saturación del aparato, que excede la capacidad del personal. Durante el último año, los juzgados de la Nación procesaron más de 1,2 millones de acciones de tutela, de las que unas 437.000 —algo más del 35 % de la carga procesal— tuvieron su origen en fallas de la administración pública para contestar a tiempo un derecho de petición.

La ciudadanía utiliza el mecanismo de amparo constitucional no por vulneraciones complejas a sus garantías individuales, sino como un recurso casi normalizado para forzar a una oficina pública a emitir una respuesta formal a una solicitud ordinaria.

Este hecho refleja como pocos —tal vez, como muchos— la persistencia de métodos analógicos dentro del aparato gubernamental. El procesamiento de correspondencia institucional opera bajo esquemas de radicación física o carpetas de correo electrónico desarticuladas, por completo carentes de trazabilidad y automatización. Ante este escenario, Luis Alfredo Gómez, presidente de la........

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