La tragedia del Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana en Puerto Leguizamo no puede quedar reducida a un episodio doloroso más en la larga lista de sacrificios silenciosos que el país parece haber normalizado. La muerte de 69 militares no es solo una pérdida irreparable para sus familias y para la institución; es, sobre todo, un llamado profundo a la conciencia nacional y una alerta estratégica que compete al Estado.

La tesis es clara y debe plantearse sin rodeos: cuando una nación se acostumbra a sus tragedias, renuncia también a aprender de ellas; y cuando no aprende, las repite.

Este siniestro no puede abordarse únicamente desde la conmoción o el homenaje —necesarios, pero insuficientes—, sino desde una revisión rigurosa de las condiciones estructurales en las que operan nuestras Fuerzas Militares. Implica preguntarse, con serenidad pero sin evasivas, por el estado real de las capacidades aéreas, los estándares de mantenimiento, la gestión del riesgo operacional y, sobre todo, por el nivel de prioridad que el Estado le otorga a la seguridad y a quienes, con honor, la garantizan.

Mucho se ha especulado sobre las posibles causas, en medio de un ambiente enrarecido donde no faltan quienes, desde la cómoda tribuna de la crítica, se presentan como expertos y emiten juicios de valor apresurados. En ese contexto, lanzar hipótesis o formular señalamientos antes de que concluyan las investigaciones —que deben ser adelantadas por personal calificado y sustentadas en evidencia técnica e incluso científica— no solo es imprudente, sino profundamente irresponsable.

Horas más........

© Revista Semana