Gustavo Petro ha cruzado el límite y va escalando sin frenos. Su intención de imponer por decreto una consulta popular ya rechazada por el Senado no es un acto de terquedad política ni un simple pulso institucional. Es, sin titubeos, un golpe de Estado, una violación abierta al orden constitucional y una amenaza directa a las elecciones de 2026. Y lo peor: lo hace mientras aún controla las partes más claves del poder. El que tanto alimentó la narrativa de que le quieren hacer un golpe de Estado, hoy es quien intenta ejecutarlo contra la Constitución y la democracia. Pasó de advertir un golpe a protagonizarlo, con cinismo y total desprecio por el orden institucional.

El Congreso de la República, elegido democráticamente por los ciudadanos en las urnas, negó la consulta el pasado 14 de mayo, con 49 votos en contra y 47 a favor. La derrota fue clara y legítima. Sin embargo, Petro —como todo autócrata que desprecia los límites— no acepta el resultado y ahora pretende pasarse por la faja la Constitución con un decreto que le permita imponer su voluntad bajo el disfraz de “la voluntad del pueblo”.

Esto no es solo una violación del artículo 377 de la Constitución —que exige la aprobación previa del Congreso para cualquier consulta popular sobre reformas—, sino también un intento deliberado de pisotear el orden institucional y socavar la democracia, lo que implica un desafío directo a la separación de poderes. Si la Corte Constitucional llega a avalar semejante despropósito (que no creo que lo haga), no solo se convertiría en cómplice del Ejecutivo, sino que traicionaría su deber de salvaguardar la Constitución, rompería el equilibrio institucional del país y legitimaría el avance de una dictadura dispuesta a reventar la democracia desde........

© Revista Semana