La transparencia y exactitud de los comicios es indispensable para que la democracia pueda funcionar. Es lo que ha sucedido, sin excepción alguna, desde la expedición de la carta de 1991. La Registraduría —que es un órgano independiente del gobierno—, como operador de los comicios, ha entregado siempre los datos que se capturan en las mesas de votación (“preconteo”) con celeridad. Los escrutinios posteriores invariablemente han confirmado esas cifras preliminares, que suelen divulgarse en las primeras horas de la noche. Ni los candidatos, ni sus partidos, ni los numerosos observadores internacionales que, por fortuna, en esta ocasión nos acompañan de nuevo, jamás han formulado observación sustantiva alguna. Pocas horas después de cerradas las urnas siempre se ha sabido quién es el ganador.

Los señores guerrilleros a los que se perdonaron sus delitos, entre ellos al actual presidente, llegaron a la conclusión de que en las elecciones de 1970 hubo fraude contra el general Rojas Pinilla. Nunca pudimos saber si esa afirmación es cierta. Sin embargo, supongamos que así sucedió, solo para añadir que esa hipotética adulteración tuvo lugar bajo situaciones totalmente distintas: cuando el poder electoral se hallaba en manos del gobierno y el flujo de la información era precario.

Como en tantas otras materias, nuestro presidente miente o manipula la información. En 2018, perdió por 2.3 millones de votos, según él como consecuencia de un inmenso fraude, aunque nunca aportó pruebas para demostrarlo. Fiel a su inveterado antagonismo con la verdad, cuestionó las elecciones presidenciales de 2014, las........

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