Para frenar de verdad a la delincuencia, el Gobierno de Abelardo De La Espriella evalúa restringir el pago en efectivo en compras inmobiliarias de gran tamaño dentro del nuevo Estatuto Antiterrorista. La idea de fondo es mover todo ese dinero por el sistema bancario para rastrear quién paga y quién recibe, cortándole el paso al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha dicho que el proyecto busca golpear duro a las finanzas de las redes criminales. Desde el sector bancario, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, apoya la iniciativa y resalta que rastrear el dinero al comprar apartamentos, lotes o carros es una herramienta clave para combatir este tipo de delitos.

La intención apunta bien, pero quedarse solo en prohibir el efectivo deja la puerta a medio abrir. Prohibir billetes no asegura que el precio de la escritura sea el valor real del negocio ni garantiza un filtro previo sobre las partes. El artículo 18 del proyecto obliga a notarías y oficinas de registro a consultar el Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas antes de tramitar........

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