El martes 22 de julio de 2025 no va a quedar en ningún calendario de la infamia. Entre otras razones porque la infamia fue prohibida por la Corte Constitucional, como bien lo recordamos cuando, como sociedad, de manera mayoritaria y masiva, tratamos de crear los muros y las bases de datos de los violadores menores de edad condenados.

Sí, búsquenlo, la pena de infamia está prohibida en Colombia. La mayor expresión de esta prohibición, sin lugar a dudas, es la consagrada en las normas de la Justicia Especial para la Paz, que el delirio entreguista de Santos formalizó no solo para el individuo reclutador o abusador de menores o el sembrador de minas antipersona, sino que la extendió y entronizó para las organizaciones terroristas narcotraficantes y sus jefes, que implementaron estas prácticas para cuidar sus cultivos, nutrir sus columnas terroristas y satisfacer sus necesidades sexuales y las de sus milicianos por décadas en miles de casos documentados.

Para miles de violadores, reclutadores y sembradores de minas y sus jefes, que ordenaron, patrocinaron y financiaron estos actos, no habrá infamia. Sus nombres serán borrados y convenientemente olvidados. Sepultados bajo las hojas de las resoluciones de absolución, los esquemas de protección que garantizan que las víctimas o los colegas narcos no cobren venganza, o las credenciales parlamentarias que aseguran dietas y vocerías que las víctimas y sus voceros nunca tendrán.

La bipolaridad increíble........

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