La presentación por parte del Gobierno nacional del proyecto del Presupuesto General de la Nación para el año 2027, sin lugar a dudas, ha dado mucho de qué hablar. El primer aspecto que ha acalorado la discusión tiene que ver con el monto total del mismo, ya que excede en más de 59 billones de pesos al proyectado por el gobierno saliente. El documento refleja la intención de sincerar las cuentas y evidenciar la realidad de la desfinanciación heredada, pues el presupuesto anterior fue calculado 30 billones de pesos por debajo y omitió, además, otros 30 billones para programas en salud, pensiones, nóminas, subsidios, entre otros. A lo anterior se le debe agregar que el presupuesto modificado por el gobierno de De la Espriella incluyó detalles como el pago de la deuda pública, que se recibió en más de 155 billones, adicional a los recursos requeridos para atender las nuevas necesidades originadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Por otra parte, el punto que más polémica ha despertado es el presupuesto destinado para la Jurisdicción Especial para la Paz para el año 2027. Ese órgano judicial había solicitado que se le asignaran $947.642 millones, superando los $793.000 millones proyectados por Petro. El Gobierno de Abelardo propuso inicialmente $821.803 millones, pero luego presentó una modificación en la que recortó $170.000 millones, dejando a la JEP con $721.803 millones. Esta propuesta ha sido interpretada por el presidente de esa jurisdicción, el magistrado Alejandro Ramelli, como una “asfixia económica” que deja en grave riesgo los resultados de la entidad, especialmente la reparación a las víctimas; lo que no se entiende cuando la JEP no es la entidad encargada de la reparación administrativa de las víctimas, esa función le corresponde a la Unidad para las Víctimas.

El tema presupuestal de la JEP sería un problema menor si no fuera por los numerosos cuestionamientos que ha tenido esa jurisdicción en ese —no muy claro— camino que ha recorrido desde su concepción en 2015, al calor de un trago habanero durante los diálogos en Cuba y articulado a espaldas de la comisión negociadora en el apartamento del jurista progresista Juan Carlos Henao Pérez. Él fue quien diseñó la arquitectura de un modelo de justicia que respondiera a la exigencia del secretariado de las Farc, en cabeza del señor Rodrigo Londoño, alias Timochenko, de no pagar un solo día de cárcel. Desde el comienzo quedó claro que el foco de la nueva jurisdicción sería el satisfacer a los terroristas y no la apremiante necesidad de encontrar la verdad y reparar a las víctimas.

Las dudas sobre la Jurisdicción Especial para la Paz comienzan a hacerse más fuertes con la selección de los magistrados que la integrarían, la mayoría de los cuales siguen vinculados desde sus orígenes entre finales de 2017 y comienzos de 2018. Entendiendo que en nuestra Colombia es difícil crecer profesionalmente alejados del conflicto al que........

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