CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Hubo dos relojes este viernes.

El primero marcaba poco después de las tres de la mañana, hora de la Ciudad de México, cuando un Gulfstream de la Armada aterrizó en el aeropuerto capitalino con Fernando Farías Laguna adentro, excontralmirante, señalado por la FGR de encabezar la red de huachicol fiscal que operó en las aduanas marítimas. Venía de Buenos Aires, donde lo detuvieron en abril viajando con un pasaporte guatemalteco falso. Antes de subirlo al avión, agentes del FBI y de la DEA pidieron verlo en el penal de Ezeiza. El gobierno mexicano tenía tanta prisa por tenerlo aquí que desistió de su propia solicitud de extradición para acelerar la expulsión. Es un detalle menor que conviene guardar: cuando dos gobiernos se disputan a un hombre que sabe cosas, el que llega primero al locutorio manda.

El segundo reloj marcaba las diez de la mañana, siete horas después, cuando Rubén Rocha Moya publicó en X que volvía a ser gobernador de Sinaloa.

Rocha regresa, escribió, con la frente limpia y en alto. Es una frase espléndida, de esas que un académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa sabe construir, y merece leerse despacio, porque a su alrededor no queda nada limpio. Sobre Rubén Rocha Moya pesa desde el 29 de abril la acusación S9 23 Cr. 180 del Distrito Sur de Nueva York: treinta y ocho imputados, los hijos del Chapo entre ellos, sus operadores, sus lavadores, sus proveedores de precursores en China, y nueve funcionarios sinaloenses más —un senador en activo, un presidente municipal en funciones—. Es la primera vez en la historia bilateral que Estados Unidos imputa y reclama en extradición a un gobernador mexicano en el cargo. La fiscalía metió al expediente fotografías de unas listas manuscritas que describe como la contabilidad mensual de los sobornos. Sostiene, además, que Los Chapitos ayudaron a Rocha a ganar la elección de 2021 secuestrando e intimidando a sus rivales.

Él lo niega todo. Habla de patrañas urdidas por la ultraderecha nacional y extranjera. Su argumento: Washington nunca mandó las pruebas. Un Estado que se respeta no encarcela a un narcopolítico porque un fiscal de otro........

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