En el marco de la consulta pública del Acuerdo P/CRT/EXT/24072026/088 (Acuerdo mediante el cual el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones determina someter a consulta pública la propuesta regulatoria denominada “Lineamientos Generales para la protección de los derechos de las audiencias”) impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el debate se ha centrado principalmente en los aspectos más controvertidos de la propuesta regulatoria: los límites del deber de veracidad, el riesgo de autocensura, la definición precisa de las sanciones y la necesaria preservación de la autonomía editorial frente al poder regulador.

Sin embargo, detrás de esta compleja discusión técnica y jurídica existe una dimensión pedagógica y ciudadana decisiva para el éxito de cualquier marco de protección a las audiencias: la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI).

Protección centrada en la ciudadanía

Frente a un anteproyecto regulatorio que se apoya principalmente en la supervisión punitiva, las medidas precautorias y el control procedimental de contenidos, la protección más sólida, duradera y democrática de los derechos del público debería partir de otro enfoque. No se trata de ampliar la tutela sancionadora del Estado, sino de fortalecer la capacidad de las audiencias para actuar como una ciudadanía activa, analítica, capacitada e informada.

El riesgo de censura institucionalizada

En los gobiernos populistas, la regulación de los derechos de las audiencias se ha construido desde un enfoque marcadamente paternalista. Bajo este modelo, el órgano regulador asume una posición superior desde la cual califica la exactitud, veracidad o pertinencia de los contenidos mediáticos. Esta lógica se apoya en la supervisión posterior y en la amenaza constante de sanciones económicas o vetos administrativos.

Cuando el órgano regulador adopta una posición de tutela paternalista, el riesgo de censura deja de ser excepcional y se convierte en un problema estructural. Al atribuirse la facultad de definir unilateralmente qué contenidos son “verdaderos” o “pertinentes”, la autoridad puede dejar de actuar como árbitro imparcial y transformarse en un filtro ideológico o político.

Este riesgo se agrava cuando la supervisión posterior se basa en criterios difusos u opacos de veracidad. En ese contexto, los vetos administrativos y las sanciones pueden utilizarse para acallar discursos disidentes, investigaciones periodísticas incómodas o críticas al poder, presentando la censura directa bajo la apariencia de una tutela del interés público.

Este riesgo se agrava cuando la supervisión posterior se basa en criterios difusos u opacos de veracidad. En ese contexto, los vetos administrativos y las sanciones pueden utilizarse para acallar discursos disidentes, investigaciones periodísticas incómodas o críticas al poder, presentando la censura directa bajo la apariencia de una tutela del interés........

© Proceso