Hace cuatro años se expidió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), como una promesa de transformar la justicia civil y familiar en el país, unificando la legislación procesal en un solo cuerpo normativo que suplirá los códigos de las entidades federativas. La apuesta es ambiciosa: mejorar la administración de justicia de estas dos materias en nuestro país. 

Pero, contrario al espíritu de celeridad y eficiencia que define al Código Nacional, a menos de un año de su forzosa entrada en vigor, se está valorando postergar su operatividad otros tres años más, aun cuando el artículo segundo transitorio establece como fecha límite el 1 de abril del 2027.

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Lo anterior, obedece a que los poderes judiciales de los estados han reportado insuficientes avances: el tiempo se dilapidó, es poco el personal capacitado, no se han hecho las adaptaciones organizacionales ni los proyectos de infraestructura, menos aún, fueron asignados los recursos presupuestales necesarios. Sólo Baja California y Ciudad de México cuentan con declaratoria de vigencia.

La discordancia resultó de la reforma judicial que puso por delante la democratización electoral del Poder Judicial desde una visión reduccionista de legitimarse en las urnas, exponiendo el éxito de este ordenamiento legal.

En ese contexto, recientemente la Comisión para la Implementación del Poder Judicial de Oaxaca convocamos a un foro en el que abrimos una interrogante: ¿Estamos listos para la implementación?........

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