Para quienes tenían dudas respecto del concepto de justicia que tienen los de la 4T, los casos del exgobernador Rocha Moya y del senador Inzunza, comparados con los de los más de 50 extraditados a Estados Unidos de América del año pasado, son emblemáticos y hasta ejemplares. Para los primeros se exigen pruebas y un proceso legal; para los segundos fue suficiente una orden proveniente del imperio para que, sin mediar pruebas y un proceso legal, fueran remitidos. Es peligroso, y hasta suicida, estar fuera de la 4T.

La presidenta Sheinbaum tiene un buen pretexto para exigir pruebas y negar la extradición: la Constitución y las leyes. La solicitud de extradición está referida a una persona que goza de inmunidad: el senador Enrique Inzunza Cázares. También comprende a personas que no gozan de ella: los restantes.

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Respecto de éstos, en observancia de la Constitución (artículo 119), de la Ley de extradición y el Tratado de extradición entre México y los Estados Unidos de América, mediando la solicitud del gobierno norteamericano, procedería solicitar a un juez de distrito, sin mayor trámite, su detención hasta por 60 días naturales, con fines de extradición. En este caso, vistos los precedentes, para quedar bien, pudieran ser entregados sin mediar proceso alguno.

Rubén Rocha Moya, por razón de la licencia al cargo de gobernador que solicitó no goza de inmunidad; ésta es inherente al cargo. Si no lo ejerce, está en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos comunes y corrientes. Puede ser citado a declarar por el ministerio público federal y, de existir elementos, ser puesto a disposición de un juez de distrito. No se hará.

Como en el caso del general Salvador Cienfuegos, la acción del ministerio público se limitará a tomarle su declaración; en su momento,........

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