En el devenir institucional de cualquier nación soberana, la existencia de la fuerza pública responde a un mandato Constitucional claro, taxativo e innegociable: la protección integral del ciudadano, el resguardo del orden público y la garantía del ejercicio pleno de las libertades individuales. Sin embargo, en la Venezuela contemporánea asistimos a la consolidación de un fenómeno tan perverso como jurídicamente deleznable: la normalización de un aparato ilegal de represión que opera en las sombras de la impunidad y en abierta contravención del texto constitucional.

Resulta alarmante constatar cómo la función policial —concebida dogmáticamente para ser el escudo protector de las garantías ciudadanas— es desvirtuada diariamente por funcionarios que actúan en contravención con los parámetros fijados en los artículos 44, 46 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como los que se hicieron virales secuestrando al Líder Sindical Ángel Bolívar, en el marco de las manifestaciones que se llevaron a cabo en la ciudad de........

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