Mientras el debate público se concentra en carreteras, puertos y grandes proyectos de infraestructura, una modificación regulatoria reciente en el transporte terrestre de carga ha pasado prácticamente inadvertida.

Se trata de la actualización del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga -el SICE-TAC-, adoptada mediante la Resolución 20263040018445 de 2026, que modifica el protocolo de la Resolución 20243040057465 de 2024.

A primera vista parece una actualización técnica más. Una lectura cuidadosa revela que su alcance es considerablemente mayor. El SICE-TAC estima cuánto cuesta prestar el servicio de transporte de carga en condiciones razonables de eficiencia, incorporando variables como combustibles, peajes, mantenimiento, recuperación de capital y tiempos de viaje.

Desde su adopción en 2021 tiene carácter obligatorio como parámetro en las relaciones contractuales del sector, lo que le da a cualquier actualización metodológica posterior una dimensión que va más allá de lo puramente técnico.

En ese marco opera el Decreto 1017 de 2025, que modificó aspectos adicionales del régimen económico del transporte público de carga, y en ese mismo contexto se inscribe la resolución de 2026. No se trata de una norma que introduce la obligatoriedad por primera vez, sino de una actualización sobre un sistema que ya tiene efectos jurídicos directos sobre la contratación y la remuneración del sector.

Eso hace que la pregunta sobre la rigurosidad de su diseño sea aún más relevante.........

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